Economía

Bruselas exige a España crear equipos de auditoría de los 'Next Generation'

  • Pide más control para las empresas extrajeras que no tengan poderes notariales en el país
  • Revisará que se cumplan los compromisos adicionales del hito 173 en el tercer pago
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
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Hace poco más de una semana, España se convertía en el primer país de la Unión Europea en solicitar el tercer pago de los fondos Next Generation, dotado de 6.000 millones de euros, al que están asociados 29 hitos y objetivos. Aunque este desembolso dependerá también de que el país haya cumplido ciertos compromisos "adicionales" vinculados a la puesta en marcha de un sistema de auditoría de estos fondos, el controvertido hito 173. Según establecen tales compromisos "adicionales", debe crear una suerte de equipos de auditoría para los fondos Next Generation. Unas unidades de control de la financiación de Bruselas que se deberían implementar en el seno del Ministerio de Hacienda.

Así será que en el marco de la evaluación del cumplimiento de los 24 hitos y 5 objetivos vinculados al tercer pago de los fondos europeos, la Comisión Europea se asegurará de que España haya adoptado esos compromisos extra del hito 173. El hito en cuestión forma parte de la solicitud del primer tramo de ayudas y exige que se implemente un sistema de auditoría y control de la financiación europea.

Lo que el Ejecutivo comunitario evaluará, concretamente, es que España haya creado equipos de auditoría dentro del Ministerio de Hacienda, que serán los encargados de ejecutar los controles sobre esta financiación. Un requisito con el que se busca mejorar la información de los beneficiarios de los fondos y que se describe en la evaluación preliminar de la Comisión de la primera solicitud de pago del España.

Además Bruselas fijó otro requerimiento: mejorar la recopilación de datos de los beneficiarios de empresas extranjeras que no tienen poderes notariales en España. Una demanda que pone el foco tanto en contratos ya cerrados como en futuros contratos que se establezcan con el Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria.

Y es que en el análisis del sistema de auditoría, vinculado al primer pago, el Ejecutivo comunitario subrayó como "debilidad" la recopilación de información de los contratos en los que el beneficiario final es una empresa extranjera sin poder notarial en España.

Todas estas observaciones forman parte de la puesta en marcha del sistema de auditoría y control de los fondos Next Generation. En un análisis sobre el primer tramo, Bruselas y los Veintisiete dieron su visto bueno al diseño de ese sistema de auditoría, Coffee, que pretende asegurar que los fondos se distribuyan adecuadamente y evitar la corrupción. Ahora el sistema debe ser puesto en marcha, que es lo que revisará la Comisión en este tercer desembolso. Es decir, no cuestiona el diseño, pero sí aumenta la exigencia para su implementación.

"No es una práctica poco habitual: otros Estados miembro han hecho compromisos similares", explicaron fuentes de la Comisión, que añadieron que esos compromisos se revisan "cuando hay solicitudes de pago importantes".

El Ejecutivo comunitario cuenta con dos meses de margen para evaluar que un país ha cumplido con las reformas asociadas a cada desembolso, tal y como establece la propia regulación del Plan de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, en lo relativo a este tercer pago, la Comisión Europea acordó con el Gobierno extender este plazo un mes más, hasta los tres meses, teniendo en cuenta que se aproxima la Navidad.

Prórroga navideña

El acuerdo trata de dar respuesta a la caída de actividad que experimenta Bruselas en este periodo festivo y facilitar el trabajo de los equipos, según han explicado fuentes del ministerio de Economía. Una perspectiva que confirmaron fuentes del Ejecutivo comunitario, que han detallado que, si una solicitud de pago coincide con un período de vacaciones, como verano o Navidad, es habitual que los Estados miembro propongan una prórroga del período de evaluación de acuerdo con la Comisión.

Se trata de una extensión que se aplicó también en los casos de Italia y Chipre en solicitudes de pago anteriores, así como a otros Estados miembro como Bulgaria y Rumanía. Como parte del proceso, una vez que la Comisión Europea de su visto bueno, el Consejo contará con cuatro semanas para emitir su valoración al respecto.

Si la Comisión considera en su evaluación que no se han cumplido todos los objetivos asociados a un tramo, podría realizar un pago "parcial", lo que implicaría que parte de ese desembolso, sea en forma de ayudas o de préstamos, se suspendería.

En este escenario, el Estado miembro podría continuar con la implementación del plan, aunque dispone de un plazo de seis meses para poner en marcha todas las medidas restantes. En caso de no cumplir con este periodo, Bruselas podría reducir la asignación económica de ese país.

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