Banca y finanzas

Los fondos negocian comprar créditos con aval ICO por hasta 37.000 millones

  • Los inversores buscan asumir el riesgo del Estado para acelerar los procesos de reestructuración
Varias sucursales en una calle.

Los fondos de deuda extranjeros e inversores internacionales distressed (vehículos especializados en compra de deuda con mayor riesgo de ser fallida) sondean a la banca española y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder comprar los créditos avalados por el Estado y concedidos a las grandes empresas durante los peores momentos de la pandemia. La reforma de la Ley Concursal impide que una empresa con problemas de solvencia pueda refinanciar un crédito ICO, a menos que cuente con el visto bueno de la Agencia Tributaria. Una luz verde que, según los expertos en materia concursal, retrasará cualquier procedimiento de reestructuración.

El Estado habilitó en marzo de 2020, en pleno confinamiento, una línea de hasta 100.000 millones para dotar de liquidez a empresas, pymes y autónomos en pleno cierre de la economía. La banca, bajo el paraguas de esta línea, otorgó préstamos por 122.375 millones de euros, de los que hasta el 80% está avalado por el ICO. Sin embargo, los fondos ponen el foco en los préstamos que se concedieron a las grandes compañías, que suman casi 37.000 millones de euros, de los que 24.600 millones están respaldados por la Administración.

Según las fuentes consultadas por elEconomista.es, tanto los fondos, a través de asesores especializados en reestructuraciones, como la banca, están realizando estos acercamientos con el ICO para negociar las posibles compras de deuda, pero, eso sí, con descuento. No obstante, desde el ICO aseguran que no han tenido reuniones con fondos de inversión. Sin embargo, estas fuentes señalan que estos vehículos están ofreciendo la posibilidad de asumir el riesgo subrogándose la deuda avalada y accediendo a la deuda existente en procesos intuitivamente complicados pero que permitirían sustituir el aval público y aliviar el endeudamiento del Estado.

Un amplio perfil de inversores, en su mayoría ubicados en Londres, están interesados en comprar estos préstamos

Asimismo, gracias a estas operaciones, se facilitaría la reestructuración de aquellas grandes compañías que puedan acercarse o estar en situación de insolvencia. La solución para que los fondos se hicieran con este tipo de crédito pasaría por titulizar parte del riesgo avalado por el ICO.

De momento, estos préstamos están en el balance de los bancos, así que son ellos los únicos que pueden venderlos. Sin embargo, la segunda derivada entrará en juego cuando los préstamos avalados comiencen a caer en impago. A partir de entonces, pasarán al balance del ICO. Aunque aún es pronto, cabría la opción de que la Administración -para reducir riesgo- pudiera vender estos préstamos fallidos a terceros. Una alternativa que aún queda lejos del imaginario del Estado, pero que podría hacerse realidad en un par de años, según las fuentes consultadas.

Una de las cuestiones que se plantea el mercado es cuál será el rol del inversor internacional y de los fondos oportunistas que ya están estudiando en profundidad estas oportunidades en procesos de reestructuración. La Administración cerró la puerta a que la banca pudiera vender de forma masiva carteras de crédito avalado, aunque con excepciones según el caso.

Perfil de los compradores

Existe un amplio perfil de inversores interesados en comprar préstamos, el grueso ubicados en Londres. Desde fondos de deuda y direct lending (financiación alternativa para las compañías), hasta fondos distressed, dispuestos a comprar préstamos que ya han caído en impago y a los que la banca tiene que dar salida con mayores descuentos, pero sobre los que los vehículos, por tanto, exigen retornos más elevados al asumir mayor riesgo. De otro lado, los préstamos no fallidos también podrían despertar el interés de aseguradoras que puedan llegar a sustituir el aval del Estado por un producto asegurador.

Los préstamos no fallidos también podrían despertar el interés de aseguradoras

Los expertos consultados recuerdan que una de las principales novedades de la Ley Concursal se refiere a la regulación de los planes de reestructuración de deuda avalada por el ICO. La dificultad de refinanciación de este tipo de créditos y la incertidumbre preliminar sobre la aplicación de la nueva Ley hace que los expertos anticipen que no se producirá un incremento significativo de las restructuración hasta 2023.

A la incógnita de si la Agencia Tributaria será capaz de aprobar las necesarias modificaciones de estos préstamos -con la agilidad que requiere un proceso tan complejo y dinámico como es una reestructuración- se unen también las numerosas dudas sobre la conformación de clases y, en concreto, si se distinguirá en una subclase la deuda ICO de otras de similar rango. De no ser así, surge el interrogante de qué ocurrirá con los votos y estrategias dentro del Plan de Reestructuración de aquellos acreedores que financien acreditados con deuda garantizada y no garantizada.

En el ámbito de la Ley, otro de los grandes retos será el tratamiento de los préstamos avalados por ICO en una reestructuración. Su futura aplicación práctica está ya generando cierta controversia, más allá de que la disposición adicional 8ª de la Ley establezca las reglas básicas. Es indudable que la solución necesariamente vendrá determinada por el entendimiento entre ICO y los acreedores garantizados por éste, pero surgen dudas en relación con múltiples aspectos. Los avales ICO no son, por ley, crédito público pero las fuentes consultadas recuerdan que, en aquellos casos donde el inversor o financiador quiera a otorgar dinero nuevo para la continuidad del negocio, deberá conocer antes cómo conseguirá el estatus de superseniority (con mayor preferencia) si el ICO exige ser tratado del mismo modo que la deuda más sénior existente en el deudor como condición para mantener el aval.

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