Uno de los puntos de la Ley de Vivienda que más ha entrado al debate tiene que ver con el desalojo de los okupas en el país. El ítem ha sido duramente criticado por diferentes sectores políticos, y es que la nueva normativa contempla medidas que ponen "barreras" al procedimiento de desalojo y "ralentiza" el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios. Un fenómeno que también se vive en el resto de Europa, pero con soluciones más "estrictas" para hacer frente al "ilícito" que podrían considerarse para aplicarse en España.
