En vía administrativa, el consistorio reclama un total de 51.870.401 euros por responsabilidad patrimonial a la Administración General del Estado por el daño derivado de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados artículos relacionados (STC 182/2021) con el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como por la inactividad legislativa estatal a la hora de acometer reforma legislativa desde 2017 (STC 59/2017 de 11 de mayo).
