Zaragoza
En vía administrativa, el consistorio reclama un total de 51.870.401 euros por responsabilidad patrimonial a la Administración General del Estado por el daño derivado de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de determinados artículos relacionados (STC 182/2021) con el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, así como por la inactividad legislativa estatal a la hora de acometer reforma legislativa desde 2017 (STC 59/2017 de 11 de mayo).
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que se trata de derechos reconocidos para el Consistorio que han sido objeto de anulación o devolución, así como derechos reconocidos pendientes de regularizar a los que hay que sumar los correspondientes intereses de demora.
Además, la reclamación incluye las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes denominadas de "cuota cero" que sí se debieron haber cobrado.
El consistorio recuerda que ya a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe con los cálculos relativos a las pérdidas por la plusvalía para que la federación pudiera elaborar una enmienda con objeto de que el Gobierno Central compensase a las entidades locales con 2.000 millones por este concepto.
De este modo, el Gobierno de Zaragoza agota la vía administrativa con esta reclamación antes de que finalice el plazo de un año desde la publicación de la sentencia que declaraba inconstitucionales y nulos algunos de sus artículos para poder reclamar.
