análisis
Más de la mitad (casi un 52% en concreto) de los costes puramente operativos en los que incurre el Estado español tiene como objetivo sufragar las nóminas de los funcionarios y el personal contratado que trabaja para esa Administración. Se trata de una proporción que supera en 8,5 puntos la media de la OCDE y que sitúa a nuestro país como el octavo, dentro del club de los países desarrollados, que más dinero público desembolsa desde este punto de vista. Llama la atención que España se encuentre, proporcionalmente, en un nivel semejante a México, mientras que países con una mayor estructura gubernativa como Alemania se muestran notablemente más ahorrativos en dicho ámbito. Los datos de la OCDE aún tienen en cuenta los efectos de los años de pandemia, cuando se multiplicó la plantilla en los servicios más básicos, especialmente en Sanidad.