Más de la mitad (casi un 52% en concreto) de los costes puramente operativos en los que incurre el Estado español tiene como objetivo sufragar las nóminas de los funcionarios y el personal contratado que trabaja para esa Administración. Se trata de una proporción que supera en 8,5 puntos la media de la OCDE y que sitúa a nuestro país como el octavo, dentro del club de los países desarrollados, que más dinero público desembolsa desde este punto de vista. Llama la atención que España se encuentre, proporcionalmente, en un nivel semejante a México, mientras que países con una mayor estructura gubernativa como Alemania se muestran notablemente más ahorrativos en dicho ámbito. Los datos de la OCDE aún tienen en cuenta los efectos de los años de pandemia, cuando se multiplicó la plantilla en los servicios más básicos, especialmente en Sanidad.
No obstante, conviene recordar que, ya en 2019, el gasto en salarios de las Administraciones (incluyendo también en este caso a comunidades autónomas y municipios) rebasó la cota histórica de 136.000 millones al año. Desde entonces, la tendencia al alza se ha ahondado, lo que no constituye motivo alguno de celebración. No en vano se trata de un desembolso de carácter puramente corriente, que queda consolidado en las cuentas de un año para otro, sin impacto en la innovación o en la inversión pública productiva que la economía necesita. Más preocupante todavía resulta su influencia sobre el déficit y la deuda de las Administraciones, en un momento en el que las reglas fiscales de la Unión Europea están a punto de volver a entrar en vigor y España carece de todo plan para volver a racionalizar su gasto público.
