El Gobierno pretende aprobar antes de lo previsto la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuya entrada en vigor se estimaba para el año 2023.
El Gobierno pretende aprobar antes de lo previsto la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, cuya entrada en vigor se estimaba para el año 2023.
El literato austriaco Stefan Zweig en 1941 "Brasil, país de futuro". Desde entonces, muchas veces se ha utilizado este lema con sorna entre los economistas refiriéndose a Brasil, como “el país de futuro… y que siempre lo será”, haciendo alusión a un porvenir brillante que por condiciones naturales debería llegar pero nunca se alcanza.
La cervecera de Hijos de Rivera incluirá un sello en todas sus botellas retornables para fomentar el uso de estos formatos de vidrio con el objetivo de acercar a los consumidores la información necesaria para concienciar de la importancia de impulsar la economía circular para reducir la huella de carbono y avanzar en la lucha contra la emergencia climática.
El comercio electrónico de artículos de moda en España ha elevado su peso en dos décimas sobre el total de ventas y ya representa el 20,8%, a pesar de haber moderado su avance el año pasado respecto a 2020.
Tras año y medio de subidas en el precio de los carburantes y, por consiguiente, en el precio de la gasolina y el diésel, los conductores españoles pueden sentir un pequeño respiro en la factura del combustible.
El sindicato aragonés recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy en el que se ha aprobado una convocatoria extraordinaria de estabilización del personal temporal de 2.552 plazas, de los que 1.219 por el por el procedimiento de concurso-oposición y 1.333 por concurso (sin examen), sumando Educación, Sanidad y Administración General.
El ayuntamiento bilbilitano y el INAEM organizan esta cita, que reunirá a 48 empresas y centros de formación con el fin de impulsar y dinamizar el mercado de trabajo y la formación en el municipio.
El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.
El 22% de los contratos suscritos por el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) del Ministerio de Sanidad en los primeros meses de la pandemia sufrió incidencias y en un caso se llegaron a pagar más de cuatro euros por mascarilla FFP2, según consta en un informe que acaba de aprobar el Tribunal de Cuentas.