Empleo

STEPA impugnará la convocatoria extraordinaria de empleo en Aragón

Imagen de manifestación de interinos en Zaragoza.
Zaragoza

El sindicato aragonés recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy en el que se ha aprobado una convocatoria extraordinaria de estabilización del personal temporal de 2.552 plazas, de los que 1.219 por el por el procedimiento de concurso-oposición y 1.333 por concurso (sin examen), sumando Educación, Sanidad y Administración General.

"Es una cifra ridícula, solo supone el 10 % de los trabajadores temporales que tiene actualmente la DGA, e incumple totalmente la Ley estatal 21/22, al no incluir las plazas de convocatorias anteriores ocupadas por miles de interinos en fraude de Ley, que llevan más de tres años en abuso de temporalidad, según nuestros cálculos más de 17.000", aseguran. Según los propios datos de la DGA, en diciembre de 2021 la plantilla ascendía en total a 58.057 personas (28.832 fijas y 28.225 temporales, el 48,6%), apuntan desde el sindicato.

El Gobierno aragonés "ha consumado el despido libre y gratuito para todas esas miles de personas, que no podrán beneficiarse por lo tanto de la convocatoria extraordinaria que preveía la nueva Ley, con avances como solo concurso de méritos en determinados casos o indemnización si no obtenían la plaza", según STEPA.

El sindicato también señala que "se demuestra que Aragón junto con Madrid es la comunidad autónoma que peor va a tratar a sus trabajadores interinos, la mayoría mujeres de más de 50 años con un pie ahora en la calle. En lugar de estabilizarles de verdad se les expulsa de la Administración después de años e incluso décadas de abuso de temporalidad".

STEPA considera que el consejero de la DGA responsable de Función Pública, Carlos Pérez Anadón, y el director general Esteban del Ruste "deberían dimitir o ser cesados por mentir continuamente e incumplir la Ley".

A su juicio, "no han sido capaces de presentar un mapeo real de las plazas temporales, ni de adaptar todas las convocatorias que se arrastran desde 2017 a la nueva Ley, así como las nuevas que se anuncian, ni de negociar el proceso con todos los sindicatos para aprobar algo que realmente supusiera reducir el casi 50% de temporalidad actual al 8% que exige la Ley y del que depende la consecución de los fondos europeos extraordinarios. Y ya no solo han incumplido la legislación estatal sino de forma reiterada la Directiva Europea 1999/70 y la numerosa normativa y jurisprudencia posterior del TJUE".

El sindicato también denuncia igualmente que "las cuentas son muy claras y desmienten que la temporalidad se pueda reducir al 8% en el horizonte de 2024 como asegura el consejero: si hay ahora 28.000 temporales, se han aprobado 2.500 de convocatoria extraordinaria y otras 5.500 de convocatorias anteriores y de la ordinaria de 2022, seguirá habiendo casi 20.000 temporales, es decir no bajará la tasa de temporalidad ni siquiera al 25%".

La Ley 20/21 aprobada el pasado mes de diciembre obliga a todas las Administraciones públicas a celebrar este año procesos extraordinarios de estabilización para el personal en abuso de temporalidad, los trabajadores que llevan más de tres años en sus puestos. La norma fija dos procedimientos para acceder a una plaza fija: quienes lleven más de seis años en su puesto, por concurso de méritos (sin oposición) y entre tres y seis por un concurso-oposición no eliminatorio. La relación de plazas se debe aprobar y publicar en el boletín oficial antes del 1 de junio y la convocatoria, antes del 31 de diciembre.

La principal "trampa legal" utilizada por el Departamento de Hacienda ha sido convocar precipitadamente en los últimos días de 2021 miles de plazas que deberían haber sido incluidas en la oferta extraordinaria derivada de la nueva Ley, al igual que otras convocadas y no resueltas, algo "fraudulento y nulo de pleno derecho", según juristas y STEPA, que ha recurrido judicialmente esas convocatorias y hará lo mismo con la que ahora se ha aprobado. Además, STEPA subraya que continuará sus movilizaciones para reclamar el cumplimiento de la Ley.

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