Asaja Castilla-La Mancha llegará hasta los tribunales con su ofensiva contra las drásticas limitaciones a la expansión de viñedos, pistachos o almendros que va a suponer la nueva legislación medioambiental.
Juan Ignacio Diego no ha parado durante las últimas semanas de reunirse con las organización agrarias de Castilla y León. El colectivo de regantes de aguas subterráneas está que bulle por la campaña de inspección que ha realizado el organismo de Cuenca, que ha puesto sobre la mesa 176 expedientes sancionadores, con multas cuantiosas. Diego la justifica en la necesidad de poner coto a la sobreexplotación de los acuíferos, de los que hoy se extrae un 20 por ciento más de su capacidad de recarga.
La Junta de Castilla y León creará un fondo de 75 millones de euros para financiar el crecimiento de las empresas familiares de la región, una vieja reivindicación de este colectivo.
El primer año de actividad de la Lanzadera Financiera creada por la Junta de Castilla y León con las entidades financiera se ha saldado con la resolución favorable de 3.403 solicitudes, con una inversión de 1.026,4 millones de euros, que permitió crear o mantener 66.173 empleos.
El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha negado hoy que vaya a haber problemas con la bicefalia que se va a producir por su abandono del liderazgo del partido y ha garantizado su "neutralidad más exquisita" respecto a las candidaturas que se presenten.
Herrera ha comunicado a Rajoy su renuncia a continuar como presidente del PP de Castilla y León, cargo al que podrían optar Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván.
La gestión de las cajas de ahorro de Castilla y León también se someterá a la lupa de una investigación parlamentaria como ocurrirá en el Congreso de los Diputados con las entidades financieras de este tipo que han operado en el territorio nacional.
Grupo Norte avanza en el negocio de la atención telefónica de emergencias. La compañía vallisoletana ha logrado la adjudicación de los servicios contact center del 112 en Cataluña y en Canarias. En el primer caso, el contrato es de dos años de duración por una cuantía de 8,6 millones, mientras que en el segundo, la prestación del servicio se prolongará durante cuatro años por un importe de 6,3 millones con opción a prórroga en ambas comunidades.
El resultado de las autorizaciones de viñedo en 2016, en el que se utilizaron testaferros para conseguir plantaciones, ha levantado "en armas" a bodegueros y viticultores de la D.O. Rioja, que buscan un frente común para obligar al Ministerio a evitar que las irregularidades se repitan este año.