Asaja Castilla-La Mancha llegará hasta los tribunales con su ofensiva contra las drásticas limitaciones a la expansión de viñedos, pistachos o almendros que va a suponer la nueva legislación medioambiental.
Asaja Castilla-La Mancha llevará a los tribunales las limitaciones a la expansión de viñedo, pistacho, almendros, olivar o plantas aromáticas -hoy por hoy los cultivos más rentables y más atractivos para los jóvenes- que van a introducir en 37 municipios de la Comunidad los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para la Aves (Zepas) que prepara el Gobierno de Emiliano García Page y que afectarán a 200.000 hectáreas. Más información en la revista elEconomistaAgro
El secretario general de esta organización agraria, José María Fresneda, es tajante: "Si no nos dejan otro camino" utilizaremos la vía legal para impugnar una legislación que impedirá la expansión de cultivos leñosos con más potencial, que son alternativas reales para los agricultores de esas zonas".
Las limitaciones a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos son muy amplias: desde la prohibición de determinadas prácticas agrícolas en los cultivos herbáceos a la imposibilidad de plantar viñedo en espaldera o construir naves para ganadería de intensivo, aunque lo peor es que el profesional agrario se enfrenta a una grave incertidumbre jurídica, pues los permisos o prohibiciones para los cultivos más atractivos para los jóvenes dependerán del funcionario de turno. Por ejemplo, si se trata de introducir mejoras o transformaciones en explotaciones ya existentes, habrá que pedir autorización previa o contar con evaluación de impacto ambiental favorable. Por ejemplo, para plantar leñosos -viñedo, almendro, pistacho- hace falta esa evaluación y, además, su superficie total no podrá superar un determinado porcentaje en cada zepa. Las nuevas plantaciones no podrán ser en espaldera y tendrán que respetar densidades máximas. También necesitarán de permiso previo las transformaciones en regadío, que estarán en todo caso sujetas a determinadas condiciones.
La oposición unánime de las organizaciones agrarias y las miles de alegaciones presentadas por los agricultores y las cooperativas obligó al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, a ir ampliando los porcentajes de cultivos leñosos y a anunciar una partida de 41 millones de euros en ayudas para los próximos 5 años, lo que supondrá un ingreso adicional de 208 euros por hectárea para los agricultores que se acojan voluntariamente a las medidas que más restringen determinadas prácticas en los cultivos herbáceos.
El cuarto y último borrador presentado por la Consejería con las que se intentaba aplacar la oposición del sector a la regulación tampoco convencen a Asaja Castilla-La Mancha. Fresneda asegura que Martínez Arroyo "se obceca" en el tema de las ayudas a los núcleos más concretos, "pero la cuestión no es ésa". En su opinión, "si se dan ayudas para proteger esas 24.000 hectáreas, pero en el resto me pones limitaciones sobre las que al final va a decidir un funcionario, el precio de la tierra va a bajar, con lo cual si no se plantean cuestiones como el lucro cesante estamos como al principio".
Fresneda afirma que "hay que poner limitaciones donde haya apareamiento, pero esas son zonas restringidas que pueden delimitar sin afectar a las 200.000 hectáreas y perjudicar a aquellos que quieran mejorar sus explotaciones". En su opinión, "se debe llegar a la delimitación precisa de los hábitats propios de las aves esteparias para procurar prioritariamente su mantenimiento. Pero ésta debe ser la única limitación posible". Por ello, insiste, "resulta imprescindible disponer de una zonificación precisa y válida que distinga niveles de viabilidad para actuaciones concretas a nivel de parcela. Y, por supuesto, respaldada con criterios y procedimientos constatables y reproducibles en el tiempo y en el espacio".
El dirigente agrario defiende que los planes de gestión de las zepas sirvan para gestionar un territorio de manera que la población rural y sus actividades sean compatibles con la protección de aves esteparias, pero ello supone "incluir el factor humano". Disponer de estos planes de gestión "representa un reto de enorme relevancia", añade, por las implicaciones sobre los aspectos socioeconómicos ligados a las actividades agrarias que se desarrollan en esas mismas zonas. A diferencia de otras autonomías, el plan de gestión de Castilla-La Mancha es de carácter regional para todas las áreas zepa de la región, sin considerar así las particularidades concretas de cada parcela.
Por eso, Asaja-Castilla La Macha reclama una zonificación válida y precisa de los hábitats propios de las aves, distinguiendo niveles de viabilidad, lo suficientemente justificada y delimitada, tal y como se refleja en los planes de otras regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla y León. En el caso de Andalucía, por ejemplo, las zonas sensibles para la conservación de las aves esteparias abarcan las áreas de exhibición, apareamiento, nidificación y cría.
Dichas zonas son las que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la incidencia ambiental de las diferentes actuaciones que quieran llevar a cabo los propietarios de la tierra y, en su caso, establecer el condicionado para el desarrollo de las mismas, así como para la aplicación de las medidas de conservación. Pero en ningún caso somete a limitaciones a los agricultores sólo por tener su explotación en una zona zepa, sin una previa justificación. Estos planes de gestión, además, han de estar integrados en los planes de desarrollo propios, como es el caso del programa operativo Castilla-La Mancha FEDER 2014-20 PO y, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la despoblación de zonas rurales y dispersas. "No podemos perder de vista el fomento de la actividad económica mediante estrategias de modernización del sector agrario", concluye.