El resultado de las autorizaciones de viñedo en 2016, en el que se utilizaron testaferros para conseguir plantaciones, ha levantado "en armas" a bodegueros y viticultores de la D.O. Rioja, que buscan un frente común para obligar al Ministerio a evitar que las irregularidades se repitan este año.
Estudiantes, enfermeras, arquitectas o dentistas han sido algunos de los beneficiarios (casi la mitad mujeres) de plantaciones de viñedos en Rioja en el que fue en 2016 el primer año de aplicación del nuevo sistema de autorizaciones y que ha levantado ampollas en la principal denominación de origen vitivinícola de nuestro país hasta el punto de que crecen las voces que piden que este año se paralice. Más información en la revista Agro
A precios de 30.000 euros la hectárea, la obtención de permisos para plantar en esta Denominación, joya del panorama vitivinícola español, era un verdadero filón para los agraciados. Sobre todo, cuando, a diferencia del anterior sistema que exigía comprar los derechos a precio de oro, sale gratis. El pasado año eran 387 hectáreas a repartir.
Los 'testaferros' del vino
El nuevo sistema de autorizaciones da prioridad en la concesión a los agricultores menores de 40 años que no tuviesen viñedo. Bastaba con acreditar estar en posesión de terreno bien en propiedad o en alquiler para tener permiso para hincar cepas, aunque los contratos de arrendamiento no tenían que estar ni visados.
Con estos mimbres, el terreno para la picaresca estaba sembrado y el que más o el que menos echó mano de familiares o amigos para optar a nuevos viñedos. "En realidad, una buena parte de los adjudicatarios son testaferros y la mayoría no van a ser viticultores. La mayoría son hijos, hermanos o sobrinos de agricultores que no podían acceder al concurso. He ido pueblo por pueblo y está comprobadísimo", explica Concha Andreu, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de la Rioja.
Otro dato que avala lo que Andreu califica de "fraude" es que el 48% de las más de 600 personas a las que se ha concedido viñas son mujeres. "En La Rioja, mujeres dadas de alta en la Seguridad Social Agraria no superará el 15 por ciento, como mucho", afirma."El fraude se veía venir y no se ha querido vigilar", asegura la política socialista, que va más allá y denuncia la existencia de información privilegiada en el concurso.
"Sabían que cuanta más superficie se pidiera más te iban a dar, porque se iba a hacer un prorrateo", afirma. Choca en el listado de adjudicatarios las diferencias entre las superficies concedidas. Así, 17 de los 646 solicitantes aceptados por la Consejería de Agricultura (el 2,61%) se llevó casi el 28% de las nuevas plantaciones en 2016 (102 hectáreas de las 362 repartidas en La Rioja), mientras que nueve de cada diez beneficiarios no llegaron ni a una hectárea.
El caso más llamativo es el de un beneficiario, que ha recibido 20,5 hectáreas, para lo que tuvo que presentar como superficie disponible más de 200 hectáreas, ya que el prorrateo se fió en el 11%.
"Ha engañado a los agricultores"
La superficie presentada por este enólogo pertenece al Ayuntamiento de Clavijo, al que se lo había alquilado. El PSOE trata ahora de averiguar si el cambio de uso de forestal a agrícola se produjo antes de la apertura del concurso. La portavoz socialista culpa de la situación directamente al consejero de Agricultura, Íñigo Nagore: "Ha engañado a los agricultores, porque primero se escudó en la imposibilidad de modificar una normativa europea y ahora ya ha dicho que se van a cambiar".
El terremoto provocado por el reparto ha obligado al Gobierno de la Rioja a mover ficha. Nagore ya ha anunciado un aumento de los controles para este año, en el que salen al mercado 645 hectáreas para "evitar que cualquiera pueda burlar de manera artificial los criterios que se establecen como prioridad para recibir viñedo".
Los cambios, sin embargo, no son suficientes para el sector. El propio Consejo Regulador estudió en su último pleno la posibilidad de recurrir jurídicamente el sistema de reparto para paralizarlos este año. La falta de viabilidad jurídica impidió acudir a la vía legal, aunque se busca ahora una declaración unánime de todo el sector para convencer al Ministerio, que ya ha anunciado cambios para el próximo año, de que no repita el sistema en este ejercicio.
Pero el sector pide para este año, además de mayores controles para que se priorice a los verdaderos agricultores, que se limite la superficie a conceder y que no vuelvan a concederse a los que ya han obtenido autorización.
Y es que las irregularidades pueden volver a producirse. En este sentido, la portavoz socialista, Concha Andreu, explica que el sistema posibilita que beneficiarios que obtuvieron grandes superficies en 2016 puedan volver a resultar agraciados. La razón es que la norma da hasta tres años para plantar las viñas autorizadas, de manera que quien no lo haga volverá a tener prioridad, porque técnicamente no se es viticultor hasta que se "hincan las viñas".
Lo que quedó claro en el último Pleno, según el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, existe "un sentimiento conjunto de indignación con lo que ha pasado en el 2016 y lo que puede volver a pasar este año".
