El pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y su remisión a las Cortes dando, así, el impulso definitivo a la tramitación de esta iniciativa con la que el Ejecutivo pretende paliar la creciente saturación que soportan los juzgados y tribunales españoles, así como fortalecer la cultura del diálogo y el acuerdo en la resolución de los conflictos.

La Abogacía es una profesión que asegura la efectividad del derecho a la defensa y se constituye en garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este contexto, los abogados estamos sujetos a un estricto régimen deontológico, un conjunto de reglas éticas que debemos seguir en el ejercicio de nuestra profesión y a las que nosotros mismos nos hemos obligado conforme al principio de autorregulación.