El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha determinado que el Estado de Francia no vulneró el derecho a la libertad religiosa de una ciudadana, empleada pública de un hospital, que no fue renovada en su puesto de trabajo por negarse a dejar de llevar el velo islámico durante sus horas laborales.
Es una opinión cada vez más extendida: la Justicia española funciona mal. Así lo cree el 53 por ciento de los españoles, un porcentaje que ha incrementado de forma leve pero constante en los últimos años -en 2011 lo pensaba el 50 por ciento; en 2005, el 44 por ciento-. Los que afirman, en cambio, que la Justicia funciona bien son el 32 por ciento.
"Una cosa es dialogar y otra alcanzar acuerdos". Con esta afirmación, la Audiencia Nacional (AN) rechaza que exista incumplimiento de un acuerdo firmado entre la empresa y un sindicato, por el que ambos se comprometían a solventar los conflictos laborales a través de la negociación, por el hecho de que el diálogo no cristalice en acuerdos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado su Plan Estratégico 2015-2019 que cuenta con más de 100 iniciativas que el organismo pondrá en marcha en los próximos años.
La condena al pago de una indemnización por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual no excluye que el perjudicado pueda reclamar, además, una indemnización en concepto de daños morales. Así lo determina el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Wathelet, en unas conclusiones presentadas el 19 de noviembre tras una consulta efectuada por el Tribunal Supremo (TS) español.
Los fiscales deberán motivar el decreto con el que respondan a la petición de acceso a los datos y documentos contenidos en las investigaciones que hayan incoado. Así lo determina la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en una circular remitida por su departamento, con la que respondía a la consulta hecha sobre el acceso a las diligencias de investigación de quien invoca un interés legítimo.
En los procedimientos judiciales cuyo objeto sea la demanda de un trabajador por su inclusión en una de las llamadas listas negras, la carga de la prueba recaerá sobre el empresario. Este efecto se produce, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 21 de octubre, al verse afectado un derecho fundamental como es la protección de datos, en un ámbito especialmente sensible como es el acceso al empleo.
La Junta General Ordinaria del Colegio de Abogados de Madrid ha aprobado sus presupuestos para 2016. La institución contará con 26 millones de euros, un 0,2 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Las cuentas, que contaron con 866 votos a favor y 107 en contra, pretenden ayudar a hacer del Colegio "una institución cercana, abierta, moderna, transparente y, sobre todo, de servicio a los abogados y a la sociedad", según el comunicado difundido.
"En las sucesiones internacionales, existiendo una disposición de última voluntad, regirá la ley elegida; de ahí mi insistencia: se debe testar y realizar esa elección". Ésta es la recomendación más repetida por Ana Fernández-Tresguerres, doctora en Derecho, notaria de Madrid y colaboradora de la revista jurídica Iuris&Lex, a los lectores de www.elEconomista.es que, en el encuentro digital celebrado ayer, le plantearon sus dudas sobre el nuevo Reglamento Europeo sobre sucesiones.
El Supremo ha condenado a 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad a un hombre por dar una bofetada a su hijastra de 13 años. La sentencia asegura que el gesto "consolida un patrón de dominación violenta y de afectación a la dignidad de la menor" y que excede lo que actualmente es socialmente adecuado.