La Agència Valenciana de Turisme ha resuelto los siete expedientes abiertos a diversas plataformas de alquiler de apartamentos en Internet y, en total, ha impuesto sanciones por valor de 120.000 euros a seis de ellas. Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa, la sanción máxima que permite actualmente la ley, "por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas", explica la entidad.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha archivado, a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, el 'Caso Eresa', por considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de una infracción tributaria, pero no del delito fiscal que se le imputaba a once directivos de la empresa de radiodiagnóstico, que trabaja con los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. Con este sobreseimiento, la firma ya no está sujeta a investigaciones judiciales.

La Generalitat Valenciana ha diseñado un nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en residencias de mayores, que supone centralizar la adquisición, preparación y distribución de las dosis unitarias individualizadas a cada uno de los centros residenciales, lo que ha desatado la guerra entre la Administración y los farmacéuticos, que quedan excluidos, salvo casos puntuales.

La empresa mixta de gestión de aguas Emivasa -participada por el Ayuntamiento de València y Global Omnium/Aguas de Valencia- es la primera firma española de su sector que ha recibido la certificación de Aenor de 'Tecnología de la información, técnicas de seguridad y sistemas de gestión de seguridad de la información'. Esta certificación valida la gestión que Emivasa realiza de la seguridad de la información, "constituida por un conjunto de medidas preventivas y reactivas en los sistemas tecnológicos, que le permiten mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, basado en un enfoque de gestión de riesgos", según ha explicado la entidad.

El anuncio de la Conselleria de Sanitat de aplicar, a partir de enero de 2018, un nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en residencias de mayores, que supone centralizar la adquisición, preparación y distribución de las dosis unitarias individualizadas a cada uno de los centros residenciales, ha abierto una guerra entre la Administración y los farmacéuticos, que quedan excluidos salvo en cuestiones puntuales. "Las declaraciones emitidas hoy nos hacen plantearnos nuestra colaboración con la Conselleria, ya que consideramos que se ha incumplido el Decreto 94/2010 y el concierto en el que se refleja que el farmacéutico comunitario tendrá un papel preponderante en los centros sociosanitarios. Mientras no se aclare el papel del farmacéutico en la sanidad valenciana dejamos en suspenso cualquier colaboración con la Conselleria de Sanidad", anunció Jaime Giner, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof).