La Generalitat Valenciana ha diseñado un nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en residencias de mayores, que supone centralizar la adquisición, preparación y distribución de las dosis unitarias individualizadas a cada uno de los centros residenciales, lo que ha desatado la guerra entre la Administración y los farmacéuticos, que quedan excluidos, salvo casos puntuales.
"Se ha incumplido el Decreto 94/2010 y el concierto que refleja que el farmacéutico comunitario tendrá un papel preponderante en centros sociosanitarios. Mientras no se aclare el papel del farmacéutico en la sanidad valenciana, dejamos en suspenso cualquier colaboración con la Conselleria de Sanidad", dijo Jaime Giner, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof).
Los medicamentos serán adquiridos y preparados en un único punto, el Hospital La Fe de Valencia, y se crearán 65 puestos de farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria de los centros de referencia de cada residencia". La Generalitat estima que el ahorro anual con el nuevo modelo rondará los 13 millones de euros, "por la mayor eficiencia en gestión y la mejor capacidad de negociación en compras y concursos públicos".
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, indicó que el programa, Resi-EQIFar, se aplicará, desde enero, a todas las "personas que se encuentran en residencias de mayores, tanto públicas como privadas -unas 27.300 en total-, para garantizar la equidad en la atención y mejorar la calidad".
El sistema de prestación farmacéutica es ahora mixto, de manera que sólo los residentes en centros públicos -el 14 por ciento del total- reciben sus medicamentos en dosis unitarias semanales y a través de los servicios de farmacia sociosanitarios.
Menos rapidez y flexibilidad
El suministro desde farmacias queda limitado, con el nuevo programa, a casos concretos, como, por ejemplo, la dispensación de los medicamentos que se encuentren fuera de la Guía Farmacoterapéutica o fórmulas magistrales. "A la farmacia comunitaria solo se le pide colaboración para temas económicos, como es la subvención del copago", critica Giner.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) alerta de que la centralización puede provocar "problemas en la atención a personas residentes. Podemos perder rapidez y flexibilidad en el suministro de medicamentos, que es fundamental. No nos parece mal que haya medidas de ahorro, pero siempre que haya mejora del servicio", señaló el presidente de Aerte, José María Toro.
Tanto Micof como Aerte criticaron la "imposición" del modelo por parte de la Generalitat, sin contar con la participación de los dos sectores afectados, a pesar de la "complejidad de la cuestión".