El Gobierno central ha cumplido con su amenaza de trasladar a la Comunidad Valenciana el pago de la multa de 18,93 millones de euros impuesta por Bruselas al Estado español por la manipulación de los datos del déficit entre 2008 y 2011 -con un desvío de 1.891 millones, atribuido a gastos sanitarios no registrados-. Hacienda da 10 días al Consell para presentar alegaciones, algo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, afirma que hará.
Cristina Del Campo, directora general de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a los doce institutos tecnológicos de la región, quiere poner en valor, con datos objetivos, la aportación de estos centros como "aliados estratégicos" en el sistema de "ciencia-tecnología-empresa" de la región, marcando distancias con los problemas económicos y de gestión que llevaron al cierre del Instituto de la Construcción (Aidico) y las irregularidades sujetas a investigación judicial en el Instituto de Óptica, Color e Imagen (Aido). (Link a la entrevista completa en la revista elEconomista Comunitat Valenciana)
Con la finalidad de apoyar a todas las personas con experiencia en el sector de la agroalimentación, así como a las que se han lanzado a la aventura emprendedora en la agricultura o la alimentación, la Fundación InnDEA Valencia organiza, a través de VIT Emprende, el evento NoMoreSuitsVITe Agrotech. El evento se celebra el martes 9 de febrero, a las 19:30 horas, en Estudio Loft Co Social (c/Clero 12), en el barrio de Ruzafa de Valencia, abierto a todas las personas que quieran aprender y crear sinergias en el sector de la agroalimentación.
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el "Caso Imelsa", ha decidido mantener la condición de investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- a las ocho personas, seis concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y dos asesores, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a los que ha tomado declaración esta mañana. Los concejales son Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Gómez y Félix Crespo.
La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha dado el visto bueno a la reducción de cinco a dos las zonas de libertad horaria para los comercios, tras el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Local de Comercio el pasado 29 de diciembre. El acuerdo pasará ahora a la Conselleria de Economía, para que proceda a su aprobación. Se estima que los trámites administrativos podrían prolongarse entre un mes y medio y dos meses. Las dos Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y, por lo tanto, con horarios libres, serán el centro histórico de la ciudad -incluyendo la calle Colón, la principal arteria comercial- y la Ciudad de las Artes y las Ciencias -donde se ubican grandes superfices, como los centros comerciales Aqua y Saler y El Corte Inglés-.
La renovación del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) tendrá como base la definición de "nuevas fórmulas de participación activa" de militantes y simpatizantes, así como la "tolerancia 0" ante los casos de corrupción y la creación de "mecanismos internos de control para evitar que se repitan situaciones como las que han ocurrido, en las que ha habido personas que han utilizado el partido en beneficio propio", ha afirmado hoy Isabel Bonig, presidenta de la organización. Bonig ha confirmado que, en los próximos días, se celebrará la junta directiva regional en la que se constituirá la gestora que asumirá la dirección del grupo popular en la ciudad de Valencia, "sobre la base de la honradez", y que aprobará solicitar a Génova la celebración del congreso extraordinario en el que se abordará la "refundación" del partido en la comunidad.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha levantado el secreto del sumario de la causa que se sigue por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales, "al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias". Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal), entre ellos, el ex delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como ex conseller de Justicia de la Generalitat.
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) defiende el papel del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) como "único operador responsable y gestor de los préstamos que la Generalitat, dentro de su política de apoyo y dinamización al tejido empresarial, y que sea el que otorgue la financiación a organizaciones y empresas", si bien rechaza su conversión en un banco público a cuyos servicios tengan también acceso ciudadanos particulares. "A lo que no le encontraríamos sentido es a que el IVF adquiriera una ficha bancaria del Banco de España para desplegar una red de banca pública y ofreciera financiación bancaria alternativa a la que ya ofrece, eficientemente, el sector bancario privado", ha señalado Salvador Navarro, presidente de la organización.
Grupo Sothis, compañía del sector de las tecnologías de la información participada por la sociedad de inversión Angels -promovida por el empresario Juan Roig-, alcanzó una facturación consolidada en 2015 de 30,3 millones de euros, lo que supone un incremento sobre el ejercicio 2014 del 28%. Tras finalizar, durante 2015, un proceso de estructuración de su organización, que se inició a finales de 2012, el ebitda consolidado de la empresa se ha situado en el entorno de los 1,1 millones de euros.
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, admite que, tanto a sus asesores como a su mujer, la exconcejal María José Alcón, se les ofreció entregar dinero al partido que se les devolvería con posterioridad, si bien afirma desconocer qué persona les hizo este ofrecimiento. Grau reconoce así que en el grupo municipal se estaba llevando a cabo el procedimiento de blanqueo de dinero investigado judicialmente, pero afirma que a él nunca se lo ofrecieron y nunca participó.