El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un gasto adicional de 10.471 millones de euros para que este mismo año España alcance el 2% del PIB destinado a seguridad y defensa. El gasto se enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa que mañana mismo será remitido a Bruselas para su evaluación.
El panorama político en España es tan complicado que Cataluña se enfrenta a un escenario paradójico: pedir más dinero al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sin quita de la deuda que mantiene con este mecanismo a la vista.
La Administración Trump ha aparcado su política arancelaria global hasta julio pero el Gobierno español ya ha aprobado, y publicado en el BOE, su plan de respuesta para hacerla frente. Un plan que, para muchos, resulta insuficiente por la falta de ayudas directas y la prevalencia de líneas de avales y seguros a la exportación, si bien incluye un Fondo de Internacionalización de la Empresa dotado con 720 millones de euros.
En el primer partido de la oposición consideran que, en cuanto a las medidas para afrontar los aranceles norteamericanos, hay que "elaborar planes generales y no quedarse en gestos menores, sino alcanzar un acuerdo". "Necesitamos soluciones a más largo plazo, que no se queden en coyunturales", declararon ayer fuentes del PP a elEconomista.es.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que pretende aliviar las consecuencias de los aranceles decididos por la Administración Trump. Un plan dotado con 14.100 millones de euros, que se dividirán en fondos europeos (5.000); seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación (2.000); ayudas a la internacionalización de las pymes (500);ayudas ya aprobadas del plan Move III (400); y líneas de créditos ICO. El tipo de ayudas ha decepcionado a los expertos consultados por elEconomista.es.
La famosa subida del impuesto al diésel, que lleva sobrevolando como intención el escenario político desde antes de 2020, seguirá por el momento sin hacerse realidad. Tras tumbarse a finales del año pasado, la previsión era que su aprobación llegase en torno al 30 de marzo, pues así lo había exigido la Comisión Europea. A mediados del mes pasado, el plazo se extendió hasta el 11 de abril. A cuatro días de que expire este segundo periodo, "no hay novedad", declaran fuentes del Ejecutivo.