Desde que en 2018 la Unión Europea pusiera en marcha su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, diferentes hitos regulatorios se han producido en el sector financiero, en materia de integración en las decisiones de inversión de los aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), con gran impacto a nivel operativo y de reporting, tanto para las entidades financieras, como para las no financieras. Un buen ejemplo de ello son el Reglamento de Divulgación SFDR, la llamada Taxonomía Verde y la enmienda a MiFID II. Tres normativas que no son entes independientes, sino engranajes que se interrelacionan dentro de un mismo sistema.