El artículo 31.2 de la Constitución establece que el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos y que su programación y ejecución deben responder a criterios de eficiencia y economía. Este principio debería enmarcar el reciente acuerdo del Ministerio de Trabajo con los dos sindicatos mayoritarios sobre el subsidio de desempleo.

Es lógico y necesario reconocer el derecho a una jubilación anticipada para aquellos que desempeñan labores particularmente arduas, peligrosas, tóxicas o insalubres. Históricamente, este reconocimiento ha sido aplicado a diversos grupos laborales, como los trabajadores mineros, el personal de vuelo en trabajos aéreos, empleados ferroviarios, artistas taurinos, bomberos públicos, miembros de cuerpos policiales como la Ertzaintza, Policía Local, Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Estos colectivos no tienen un elemento común que los distinga, sino que han sido respuesta al aluvión de peticiones que se fueron registrando y ante los que se accedió de forma reactiva y poco planificada.

El año pasado se conmemoró el cuadragésimo aniversario de la Ley de Entidades de Previsión Social Vascas (EPSV), marcando un hito significativo para la región. El País Vasco destaca como el único territorio donde la previsión social, tanto a nivel empresarial como en planes individuales, ha arraigado verdaderamente.

Se ha vertido demasiada tinta estéril sobre las ventajas y desventajas de la revisión con el IPC. Sabemos que, sobre todo, la gran ventaja de no hacerlo es la reducción de costes del sistema de pensiones público. El sistema propuesto por los expertos y básicamente aceptado por el anterior gobierno consistió en reducir el coste de las pensiones mediante un método que José Mota calificaría como de "al merme", sin que casi se note.