Madrid
El año pasado se conmemoró el cuadragésimo aniversario de la Ley de Entidades de Previsión Social Vascas (EPSV), marcando un hito significativo para la región. El País Vasco destaca como el único territorio donde la previsión social, tanto a nivel empresarial como en planes individuales, ha arraigado verdaderamente.
Recientemente se ha presentado el informe anual de las EPSV del año 2023. El patrimonio de la Previsión Social de Euskadi ha sobrepasado el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) regional, alcanzando unos 28.000 millones de euros. Las contribuciones y prestaciones se mantienen estables, reflejando la madurez del sistema, mientras que el número de afiliados permanece constante, superando el millón cien mil, lo que equivale a aproximadamente un plan de pensiones por cada dos vascos.
Para contextualizar la relevancia de estos datos, los fondos de pensiones regulados por la normativa estatal ascendieron a 122.000 millones de euros, representando un 8% del PIB nacional. Esto corresponde a 9,5 millones de cuentas de diversos tipos de planes para una población de 48 millones de residentes.
¿Qué elementos particulares contribuyen al éxito en Euskadi, donde la mitad de los ciudadanos tienen planes de pensiones, en comparación con el escaso 20% en el resto del país? Podríamos especular sobre la influencia de una fiscalidad privilegiada. Sin embargo, aunque diferente en sus límites territoriales, no parece ser el factor determinante, ya que estructuralmente es similar. Tampoco lo son los incentivos empresariales, que son comunes en todo el país.
Me aventuraría a afirmar que el factor diferenciador que impulsó la previsión social empresarial en el País Vasco es la proactividad demostrada por los agentes sociales y el gobierno autonómico en las últimas décadas. Primero, al anticiparse en 1983 a la Ley que creó los planes y fondos de pensiones. Segundo, al extender los planes de previsión social a todos los empleados públicos, los únicos en el país cuyas contribuciones no están suspendidas. Tercero, al introducir modificaciones innovadoras que fomentaron la expansión de los planes de previsión social individuales y colectivos. Cuarto, al incorporar de manera ágil y anticipada la DIRECTIVA (UE) 2016/2341 sobre actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) IORP II.
Es ya una tradición que cada vez que el gobierno central innova en materia de previsión social, el País Vasco mejora su propia normativa. Es por eso que, a finales de febrero, se publicó un Decreto que regula las EPSV preferentes como modelo complementario de pensiones en Euskadi, financiado mediante contribuciones compartidas entre empleadores y trabajadores, y priorizando prestaciones en forma de renta. Este modelo, que se intentó diseñar en la Ley 12/2022 pero no pasó del borrador, tiene como objetivo principal complementar las pensiones públicas de la Seguridad Social.
Además, el regulador aspira a extender el exitoso modelo de EPSV sectorial de empleo de GEROA en Guipúzcoa a Vizcaya y Álava. Incluso cabría plantearse como alternativa una única EPSV sectorial para los tres territorios históricos que aprovechase las economías de escala en las inversiones y en la gestión.
El gobierno vasco confía en la generalización de la previsión social complementaria desde edades tempranas, con contribuciones compartidas, un modelo probado en otros países. La tributación alineada con el cobro de las prestaciones en forma de renta podría consolidar un sistema de previsión complementario propio y sostenible a largo plazo, aspirando a que el 70% de la población activa ocupada tenga una EPSV de Empleo.
El nuevo Decreto vasco también amplía los activos aptos para las EPSV, brindándoles un acceso más amplio a los nuevos mercados financieros y profundizando en aspectos de Finanzas Sostenibles, en consonancia con la normativa estatal sobre fondos de pensiones.
¿Qué más cabría hacer? La economía del comportamiento y una mejor redistribución de la renta sugieren modernizar la fiscalidad de las aportaciones. Por ejemplo, en lugar de la actual alambicada deducción fiscal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el gobierno vasco podría realizar contribuciones directas a los planes de previsión social, enfocadas en jóvenes y mujeres. Además, podrían otorgarse beneficios tangibles a las pequeñas y medianas empresas que implementen planes de previsión social para sus empleados. Y también impulsar específicamente los planes de previsión social para autónomos.
Con todo y en conclusión, el nuevo Decreto representa un gran avance en la promoción de la previsión social complementaria para todos los ciudadanos, en línea con los esfuerzos por fortalecer el sistema de pensiones complementario en el País Vasco.
