La intervención del Popular no sólo ha sido el fin inesperado para uno de los mayores bancos españoles con casi 100 años de historia. La abrupta solución, con el coste recayendo para accionistas y algunos tenedores de bonos, trajo consecuencias indeseadas para otras dos entidades: Liberbank, con fuertes sacudidas bursátiles, y Unicaja, en vísperas de presentar su folleto de salida a bolsa.

Cuando las 1.600 sucursales del Popular levantaron la persianilla el miércoles día 7, regado con la liquidez y marchamo de solidez del Santander, ningún cliente sabía que doce horas atrás estuvo apunto de fenecer por ahogo. Salvar al sexto banco del atolladero supuso movilizar a todas las autoridades con competencia: supervisores -Banco de España y el mecanismo europeo del BCE (Mur)-, juntas de resolución (SRB y su brazo nacional Frob), gobiernos -Comisión Europea y Ministerio de Economía-, bancos competidores y a su vasto ejército de consultores y asesores desde primera hora de la tarde del día 6 hasta su adjudicación al Santander en la madrugada del día siguiente.

Ni 24 horas. Un grupo de accionistas del Popular ha activado a escasas horas de perderlo todo con la intervención y adjudicación al Santander, la maquinaria para reclamar su dinero. La primera querella llegó en nombre de un inversor, por el despacho Fonfría Abogados por supuestos delitos societarios y contra el mercado por ampliar capital en 2016 con cuentas erróneas. Su querella va contra el consejo de Ángel Ron, que firmó dichos balances, y los de la auditora PwC que los validó.

"No es nada personal", espetó el inversor Antonio del Valle a Ángel Ron cuando fue a felicitarle las Navidades, pocos días después de forzar su salida de la presidencia del banco. El socio mexicano había estado maniobrando los meses previos, primero para sondear una fusión con el Sabadell y no lograda ésta, había liderado una rebelión en el consejo para desocupar de la silla a Ron, con la intención de que el nuevo equipo gestor lograra una operación más provechosa para sus intereses.