El acuerdo sellado por el Gobierno y el PSOE para que las comunidades autónomas puedan contar una décima más de margen de déficit el año que viene ha contado con el apoyo de la mayoría de las regiones, pero no ha sido aceptado de forma unánime por los gobiernos regionales. Tres autonomías han votado en contra del nuevo tope del 0,6% que esta tarde les ha planteado el ministro de Hacienda y Función Pública: Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Cataluña
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro ha convocado esta tarde de forma oficial a los responsables del área autonómicos a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo jueves en Madrid. Es el primer encuentro del cónclave autonómico desde el pasado mes de abril, cuando el Gobierno estaba aún en funciones. La diferencia es que en esta ocasión la reunión sí será vinculante.
Las comunidades autónomas mantuvieron en septiembre el periodo medio de pago (PMP) a sus proveedores en 41 días. Este dato, que revela cuánto tardan las Administraciones en abonar las facturas desde que son reconocidas, es el mejor para dicho mes desde que se elabora la estadística. Con todo, las autonomías siguen incumpliendo la Ley de Morosidad, que establece los 30 días como tope para saldar las deudas con proveedores.
El Gobierno rebajará al menos en 5.000 millones de euros, en relación al año previo, el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2017. El anuncio lo hizo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde el Senado, adonde acudía para participar en la primera sesión de control al Ejecutivo de la actual legislatura.
En España hay hoy 478.800 ocupados más que hace un año. El número de asalariados ha aumentado un 2,7% en ese periodo. Una buena parte de esos nuevos trabajadores comparte rasgos comunes: en su mayoría son mujeres, proceden de Cataluña, tienen más de 25 años y han cursado estudios superiores.
España no puede permitirse aplicar más políticas expansivas cuando aún tiene un ajuste pendiente del entorno de los 24.000 millones de euros hasta 2018 para ceñirse a las metas de déficit que ha pactado con Bruselas.
El economista Santiago Niño-Becerra tiene muy claro que a España le espera un futuro complicado, que en adelante tendremos poco margen de maniobra a nivel económico y, desde luego, ninguna oportunidad de eludir los mandatos de Bruselas. En su charla con elEconomista nos habla de los Presupuestos de 2017, de previsiones económicas o de impuestos. Cree que el IVA y el IBI subirán para tratar de ajustar el déficit, aunque sólo así no será suficiente para lograr el ajuste necesario. Conversamos con él en Madrid, unas horas antes de la presentación de su nuevo libro 'Mails. Lo que ustedes me cuentan (y mis respuestas) acerca de lo que más les preocupa'.
La crisis ha hecho mella en los jóvenes españoles. Nuestro país registra la segunda tasa de desempleo juvenil más elevada de Europa tan solo por detrás de Grecia y esta realidad solo puede traducirse en más incertidumbre y en pesimismo. Más de la mitad de los jóvenes españoles asume que tendrá que marcharse al extranjero para poder trabajar a lo largo de los dos próximos años.
La Comisión Europea recordó esta semana a España que todavía tiene pendiente incluir en los Presupuestos de 2017 un ajuste extra de 5.500 millones de euros. El objetivo es reducir el déficit desde el 3,6% con que el Gobierno en funciones reconoció que cerraríamos el año próximo hasta el 3,1% al que nos comprometimos con nuestros socios. Los expertos consultados por elEconomista consideran que, si bien existe escaso margen a nivel de impuestos para recabar más por la vía de los ingresos, aplicar cambios en el IVA, Sociedades, Hidrocarburos, Patrimonio o la fiscalidad medioambiental permitirían alcanzar esa cifra.