Todos los contratos del Ministerio de Defensa que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas están insuficientemente justificados. Ésta es la conclusión que se desprende del informe que el órgano fiscalizador publicó el pasado 22 de diciembre sobre los contratos de la Administración de Pedro Morenés durante el ejercicio 2013, último año fiscalizado.
El Ministerio de Industria ha permitido a Mediaset saltarse durante dos meses y medio las condiciones firmadas para la adjudicación de una nueva licencia de TDT, otorgada el pasado mes de octubre. Aunque todas las cadenas estaban obligadas a usar dicha licencia para el lanzamiento de su nuevo canal antes del próximo mes de abril, la compañía que dirige Paolo Vasile ha utilizado la frecuencia para la emisión en HD de otras señales distintas a las planteadas, algo que quedaba prohibido en el pliego de condiciones. Entre el 27 de noviembre y el 6 de enero, Mediaset la utilizó primero para la emisión de su canal infantil Boing, coincidiendo con la campaña de Navidad y Reyes. Y desde entonces para Energy, otro de los canales que ya tenía también operativo.
Primero Valencia y ahora Madrid. En el marco de las pesquisas del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco puso ayer en marcha una operación en búsqueda de pruebas de financiación ilegal del PP madrileño. Las sospechas se centran, fundamentalmente, en donaciones realizadas supuestamente al partido por Javier López Madrid, el yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, que ocupa varios cargos ejecutivos dentro de su conglomerado industrial.
Testaferros, empresas y socios son los principales nexos de conexión entre los mayores casos de corrupción de los últimos años. Desde que llegó la democracia a España se han sucedido más de 170 tramas vinculadas a dirigentes políticos, entre las que el caso Gürtel tomó un lugar privilegiado en 2009. La red, que llega incluso a implicar al Ejecutivo central, entrelaza con hasta cinco operaciones distintas. Vea el gráfico al detalle: Las conexiones de las mayores tramas políticas.
El Ministerio de Industria ha permitido a Mediaset saltarse durante dos meses y medio las condiciones firmadas para la adjudicación de una nueva licencia de TDT, otorgada el pasado mes de octubre. Aunque todas las cadenas estaban obligadas a usar dicha licencia para el lanzamiento de su nuevo canal antes del próximo mes de abril, la compañía que dirige Paolo Vasile ha utilizado la frecuencia para la emisión en HD de otras señales distintas a las planteadas, algo que quedaba prohibido en el pliego de condiciones. Entre el 27 de noviembre y el 6 de enero, Mediaset la utilizó primero para la emisión de su canal infantil Boing, coincidiendo con la campaña de Navidad y Reyes. Y desde entonces para Energy, otro de los canales que ya tenía también operativo.
Puertas abiertas, luces, música y hasta jamón. Londres celebró durante el pasado 2,3 y 4 de febrero el ICE Totally Gaming, la feria más importante del sector del juego a nivel mundial. Diecisiete empresas españolas de la industria del juego estuvieron presentes en un evento que reunió a más de 500 exhibidores de 135 países.
El consejero y también accionista de Sacyr, con el 5% de la constructora, José Moreno Carretero, tiene el 32,91% de Altyum Proyectos y Obras, una de las principales firmas en torno a las que gira la investigación del caso Frontino.
La compañía Publiespaña, propiedad de Mediaset y firma que gestiona la publicidad de varios canales de televisión, ha perdido a través de Publimedia, empresa de la que es dueña, tres grandes cuentas: Canal +, AMC y Sundance. Mientras Publiespaña, firma que preside Paolo Vasile, dirige la gestión publicitaria de los canales del grupo (Telecinco, Cuatro, Divinity o FDF), Publimedia lleva las de otras televisiones ajenas al grupo.
La operación Frontino vuelve a levantar la cubierta que destapa el pozo sin fondo de las irregularidades millonarias de la gestión del agua. Las pesquisas iniciales de la trama señalan un fraude de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) que alcanza al menos los 57 millones de euros en facturas hinchadas y falsas certificaciones, mientras que los sobrecostes que están bajo investigación superan los 350 millones de euros.
Dos ministros han salido en un mismo día para dar explicaciones tras la sentencia del Tribunal Supremo que permite a los afectados por la salida a bolsa de Bankia seguir reclamando su inversión por la vía de lo civil, y los dos con el mismo discurso: el PP no es el culpable. Tanto el responsable de la cartera de Economía, Luis de Guindos, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han incidido en dos tesis: la primera es que su partido llegó al poder seis meses después de la salida bursátil de la entidad; la segunda cuestiona el papel jugado por el Banco de España.