Ahora que el Estado de derecho ha sido derrotado, me quedan pocas ganas de escribir sobre cuestiones jurídicas. Mucho menos, si cabe, de entresijos tributarios que se diluyen ante la líquida normativa amnistiante. Qué mejor momento, pues, para comenzar una labor que me prometí a mí mismo, y a terceros, hace ya unos cuantos años: escribir un bestiario de anécdotas, etopeyas y prosopografías de personajes que aparecieron en mi memoria durante la vida del modelo 720.

El 7 de febrero pasado se publicó un post en el blog del Instituto de Estudios Fiscal con un título semejante al de la presente tribuna, sustituyendo "colaboradores fiscales" por "ciudadanos", en el que se informaba de los resultados de las encuestas organizadas por tal institución anualmente que dan lugar al conocido como "barómetro fiscal" de 2022.

En el mes de julio advertía, en esta misma revista, acerca de una novedad legislativa en fase de proyecto que iba a suponer el mayor retroceso de los derechos del contribuyente en los últimos cuarenta años.

Uno de tantos argumentos, a cuál más aberrante, para justificar la injustificable amnistía política en marcha es el de compararla con la amnistía fiscal de Montoro del año 2012, que el Tribunal Constitucional declaró contraria a la Carta Magna.

Es por todos conocido el empeño del Gobierno por contrarrestar la voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de utilizar sus competencias para reducir los impuestos cedidos por el estado, como son el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones.