Tras la entrada en vigor de la vergonzante Ley 7/2012, no fueron pocas las delegaciones de la AEAT que vieron en su aplicación práctica un manantial de recaudación fácil y perpetua.
En las siguientes líneas, en tono jocoserio, se incluye un texto que sirvió de guion para una actuación teatral navideña de improvisación que narraba las peculiaridades que acontecen en el sector profesional de la asesoría fiscal.
Hace décadas que, desde la Academia, se patrocina la mediación y las buenas prácticas en el ámbito tributario. Esos bienintencionados mensajes, con un tinte algo provinciano, buscan replicar en España una metodología de aplicación de los tributos que funciona perfectamente en otros estados más civilizados.
Nos habíamos quedado, en mi particular guía de viajes particular por el modelo 720, en la aparición de un enorme personaje, luchador como el solo y de orígenes tan humildes como los míos, criado donde la ciudad (de Mallorca) cambia de nombre, Son Gotleu. Tomo aquí el título del mejor de los libros de Paco Candel, en el que se narra las vidas de los emigrantes barraquistas de la Barcelona de los 70, cuya lectura recomiendo no por su escasa calidad literaria sino porque, entre otros personajes, aparece mi abuelo paterno, q.e.p.d.
Ahora que el Estado de derecho ha sido derrotado, me quedan pocas ganas de escribir sobre cuestiones jurídicas. Mucho menos, si cabe, de entresijos tributarios que se diluyen ante la líquida normativa amnistiante. Qué mejor momento, pues, para comenzar una labor que me prometí a mí mismo, y a terceros, hace ya unos cuantos años: escribir un bestiario de anécdotas, etopeyas y prosopografías de personajes que aparecieron en mi memoria durante la vida del modelo 720.
El 7 de febrero pasado se publicó un post en el blog del Instituto de Estudios Fiscal con un título semejante al de la presente tribuna, sustituyendo "colaboradores fiscales" por "ciudadanos", en el que se informaba de los resultados de las encuestas organizadas por tal institución anualmente que dan lugar al conocido como "barómetro fiscal" de 2022.
En el mes de julio advertía, en esta misma revista, acerca de una novedad legislativa en fase de proyecto que iba a suponer el mayor retroceso de los derechos del contribuyente en los últimos cuarenta años.
Uno de tantos argumentos, a cuál más aberrante, para justificar la injustificable amnistía política en marcha es el de compararla con la amnistía fiscal de Montoro del año 2012, que el Tribunal Constitucional declaró contraria a la Carta Magna.
Es por todos conocido el empeño del Gobierno por contrarrestar la voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de utilizar sus competencias para reducir los impuestos cedidos por el estado, como son el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones.
El impuesto conocido comúnmente como "plusvalía municipal" yace malherido desde hace algo más de cuatro años, cuando el Tribunal Constitucional le soltó los primeros estoconazos en forma de sentencia, anulando el tributo pero únicamente "en la medida que" su singular método de cálculo diera lugar a gravámenes sin existir plusvalía real. Simplificándolo, cuando no hubiera aumento de valor del suelo. Y las resoluciones del protector máximo de la Constitución contenían una advertencia al legislador para que interdijera la confiscatoriedad, regulando mejor el gravamen.