Es por todos conocido el empeño del Gobierno por contrarrestar la voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de utilizar sus competencias para reducir los impuestos cedidos por el estado, como son el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones.
El impuesto conocido comúnmente como "plusvalía municipal" yace malherido desde hace algo más de cuatro años, cuando el Tribunal Constitucional le soltó los primeros estoconazos en forma de sentencia, anulando el tributo pero únicamente "en la medida que" su singular método de cálculo diera lugar a gravámenes sin existir plusvalía real. Simplificándolo, cuando no hubiera aumento de valor del suelo. Y las resoluciones del protector máximo de la Constitución contenían una advertencia al legislador para que interdijera la confiscatoriedad, regulando mejor el gravamen.
Gramaticalmente, una persona puede deliberar consigo mismo. No hace falta que concurra con nadie. La deliberación no es más que lo que los cursis llaman hacer un DAFO, es decir, ver los pros y contras de tomar una decisión, en función de los antecedentes, antes de adoptarla. Tan sencillo y tan difícil para un animal tan complejo como el ser humano.
El legislador tributario, por norma, nos intenta convencer de que todas las medidas que lleva a cabo en los últimos años se hacen para mejorar la recaudación, para luchar contra el fraude y para aumentar la seguridad jurídica. Tres mantras por el precio de uno en todo preámbulo que se precie.
Llega la Navidad. Época de nostalgia y alegría, por aquellos que ya no están y por la llegada del Niño Dios. Los abajo firmantes hemos sido protagonistas de un procedimiento de infracción contra la obligación informativa de bienes en el extranjero que impuso Montoro y las conclusiones del dictamen motivado emitido por la Unión Europea nos llenan de felicidad y, con estas líneas, queremos hacer más llevaderas estas fiestas a los afectados por tan gravosa normativa. Rememoremos.
Escribo un domingo de marzo lleno de melancolía. El frío y la lluvia ya se han ido, los campos aledaños a Sitges están de un verde intenso inimaginable y hasta han aparecido unas florecillas blancas silvestres que, en todos los años que llevo aquí, nunca había visto. La calandria y el ruiseñor andan cerca y los seres queridos, en cambio, lejos.
El sábado pasado se publicó en el BOE un acuerdo gubernamental por el que el Ministerio de Hacienda le concede un plazo de 48 horas a la Generalidad para que le facilite la información necesaria para seguir satisfaciendo las deudas del FLA, además de imponer una serie de medidas restrictivas a los particulares -señaladamente, a la banca- en sus relaciones con el Gobierno autonómico, con relación a gastos dirigidos a fines inconstitucionales.
Hace poco recibí un video en mi móvil en el que salía un hombre con pinta de budista, en paños menores, y de cuyas partes íntimas colgaban unas campanas de gran tamaño, sin que en su cara se atisbara dolor alguno. Solo ver las imágenes, a uno se le revolvían las entrañas de dolor.
"La moral tributaria consiste en que el legislador actúe del modo que exigen los principios de Justicia aplicables por razón de la materia". Si aplicáramos esta frase, que no es mía sino del profesor Klaus Tipke, a la orientación de la política legislativa fiscal española de 2012, llegaríamos a la conclusión irrebatible de que vivimos una época de patente inmoralidad tributaria.
Recuerdo como si fuera ayer, y han pasado no menos de tres lustros, cómo el profesor de IVA del máster de fiscalidad que cursé al alimón con los cursos doctorales, afrontaba la explicación del concepto plusvalía. Es un inspector de hacienda al que se puede ver como perito en casos televisivos actuales, con un sarcasmo acentuado por un timbre de voz peculiar con el que le hacía conectar a uno a las mil maravillas materias tan aburridas como el hecho imponible, las reglas de localización o la inversión del sujeto pasivo.