Opinion
El pasado 24 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre, por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, más conocida como DAC8, la octava entrega del serial de intromisión en la privacidad de los individuos para el control de las operaciones por parte de los poderes públicos, con el manido pretexto de combatir el fraude fiscal.