El Partido Popular sospecha que Susana Díaz podría haber tejido una especie de trampa implantando en Andalucía la jornada laboral de 35 horas a la semana. Convencidos del coste adicional que supone para las arcas de las administraciones públicas, los populares insisten en que la actuación de la política andaluza es contraria a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, precisamente el instrumento que sirvió para recurrir esta misma medida en Castilla-La Mancha, País Vasco, y ayer en el Ayuntamiento de Madrid.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, no cambiará ni una coma la agenda del Gobierno en esta materia. Ayer, por quinta vez consecutiva en 80 días, explicó ante la Comisión parlamentaria que la intención de su gabinete es "no tocar nada que afecte al pago de los medicamentos".

La actividad parlamentaria se retomó este martes a las 15:00 horas. Al menos, la actividad más reconocida, la que pasa por sentar a los señores diputados en el salón de plenos y los predispone a debatir y legislar y en la que el Gobierno, normalmente todos los miércoles, responde a las preguntas del control de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid y se quedó con la concurrencia. En un acto organizado por el Siglo Club XXI, en Madrid, el presidente de la Xunta se refirió a las polémicas 35 horas que Castilla y León plantea implantar como horario de sus funcionarios, que en Andalucía campa a sus anchas sin advertencia legal hasta la fecha, mientras que el Constitucional ha tirado abajo la puesta en marcha en Castilla-La Mancha.

Respuesta más que diplomática. El Gobierno de Rajoy ha echado mano del Derecho Internacional y de los contactos entre Embajadas para, desde la "prudencia", no entrar en el conflicto que desde el miércoles separa aún más si cabe a Estados Unidos de México.