El Partido Popular sospecha que Susana Díaz podría haber tejido una especie de trampa implantando en Andalucía la jornada laboral de 35 horas a la semana. Convencidos del coste adicional que supone para las arcas de las administraciones públicas, los populares insisten en que la actuación de la política andaluza es contraria a la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, precisamente el instrumento que sirvió para recurrir esta misma medida en Castilla-La Mancha, País Vasco, y ayer en el Ayuntamiento de Madrid.
Pese a las atribuciones de Díaz, el PP se abona a la cautela. "Ante todo prudencia. No es el momento de abrir el melón", mantienen. "En primer lugar, hay que ver los tiempos. Estamos en plazo para recurrir. Pero además, hay que analizar muchas cosas. En efecto, es posible que haya algo de trampa en el movimiento de Susana Díaz y que persiga implantar la inciativa aún sabiendo que no dispone de recursos, para luego criticar el recurso del Gobierno, quedando así como una mártir", explica un miembro de la dirección del PP a elEconomista. Ahora bien, admitió esta fuente, la decision gubernamental de recurrir la jornada laboral de Díaz se puede prolongar. Quién sabe si hasta el Congreso del PSOE, quedó en el aire. Feijóo advierte: "Las jornadas de 35 horas traerán más gasto público".
En Andalucía, de momento, respiran tranquilos. Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, insistió ayer en sus medios. "Nosotros tenemos recursos presupuestarios, y confiamos en que no recurran", apostilló. Porque las tesis del Palacio de San Telmo poco tienen que ver con una prerrogativa que en este caso corresponde al presidente del Gobierno. Es más, los de Díaz presumen de un estatuto de autonomía, que según ellos les da "plenas competencias en la gestión de la función pública", indicó Vázquez.
La medida ha suscitado unas cuantas críticas desde el minuto uno de su puesta en marcha. Por un lado, los trabajadores de Justicia, a los que no se les aplica el decreto-ley de las 35 horas, por otro, el colectivo de Enfermería quien ve discriminación en la paulatina implantación de la nueva jornada laboral.
Desde Madrid, el PSOE nacional contempla la polémica con desidia. Para Antonio Hernando, portavoz del Grupo en el Parlamento, la decisión de Susana Díaz de cambiar la jornada laboral de 37,5 horas está en la agenda. En este momento, los socialistas, metidos en un proceso de primarias, "prefieren priorizar acuerdos con el Partido Popular en materia de pensiones o de reforma laboral". "Bastante tienen con su Congreso", añadió a elEconomista una persona cercana al PSOE. Lo que sí descarta una de las fuentes consultadas es el rumor extendido de que Andalucía esté jugando con las 35 horas a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos Generales.
