Castilla y León también quiere que sus funcionarios recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales. La Junta ha reclamado al Gobierno de manera formal que sus empleados públicos trabajen lo mismo que en Andalucía, donde desde el 16 de enero se aplica la medida. La otra Castilla-La Mancha también intentó como el País Vasco aplicar las 35 horas, pero el Constitucional anuló la medida.
Viendo que el Gobierno de Mariano Rajoy está haciéndose el sueco con la implantación de las 35 horas en el sur de España, Castilla y León junto a los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública -CSI-F, UGT y CCOO-, ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que solicita que "a la mayor brevedad posible" se hagan las "modificaciones normativas necesarias" para "la recuperación de derechos de los empleados públicos" de la región, tal y como destaca la Junta en un comunicado.
Lo curioso es que esta comunidad está gobernada por el PP, lo que ha abierto la posibilidad de que el partido en el Ejecutivo nacional no recurra más la aplicación de estas medidas. En el paquete de peticiones, del que se pueden beneficiar los profesionales sanitarios, también se incluye el pago del 100% de las retribuciones durante las bajas laborales.
El vicepresidente y consejero de Presidencia de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en declaraciones a El Mundo, explicó ayer que la petición ha permanecido más de un año congelada por las dos convocatorias electorales consecutivas y que, ahora, una vez que el nuevo Gobierno "ha tomado tierra", han decidido activarla.
Castilla y León abre de este modo la vía política de negociación con el Gobierno por las 35 horas. Según su vicepresidente, esto es "lo más sensato", en lugar de hacer una norma propia como han hecho otras comunidades, que el Gobierno ha recurrido por inconstitucional. Esto es lo que ya sucedió en Castilla La-Mancha y en el País Vasco.
Y está pendiente de que se confirme la misma actuación en Andalucía, aunque la consejera de Hacienda de la comunidad, María Jesús Montero, se ha mostrado "esperanzada" con la posibilidad de que el Gobierno central no vaya a recurrir la norma andaluza.
La Junta de Andalucía entiende que el hecho de que el Gobierno no haya recurrido al Constitucional la medida se debe a que "ha tomado nota de que hay varias comunidades autónomas en esta tesitura", según ha dicho la consejera, que ha hablado personalmente con Cristóbal Montoro sobre este tema, por lo que ha confiado en que "llegue a buen puerto".
Andalucía muestra el camino
Unos 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, incluidos los de sanidad y educación, recuperaron el pasado 16 de enero la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero.
En octubre de 2016 el Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley para la aplicación de esta medida, que mejoró las condiciones de los trabajadores públicos, reforzando la calidad de los servicios y aumentando las oportunidades de empleo público en la comunidad.
Aunque la reducción horaria está condicionada a la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de llevarla al Tribunal Constitucional, como ya hizo con éxito con medidas similares en Castilla-La Mancha y País Vasco, la inacción del Gobierno, así como la dilación con los plazos del recurso, abren la posibilidad de que el resto de autonomías empiecen a aplicar el horario a sus funcionarios. Y que Castilla y León sea feudo del PP no hace sino alimentar esta posibilidad.