La reducción de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos de 37,5 a 35 horas tendría un coste estimado de 3.029 millones si se aplicara en todas las CCAA, el equivalente a tres décimas de déficit autonómico, según estimaciones de los expertos consultados por elEconomista, sobre un gasto de personal autonómico total estimado de 75.700 millones a cierre de 2017.
De momento, Andalucía ha optado por esta medida y Castilla y León pugna por unirse, pese al rechazo del Tribunal Constitucional a la tentativa anterior de Castilla-La Mancha y el del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al intento de Euskadi. Según estimaciones prudentes, la aplicación de la medida en las regiones lideradas por Susana Díaz y Juan Vicente Herrera tendría un coste de 723 millones, el 4% del gasto de personal proyectado para este año en esas CCAA.
Precisamente ese aumento del coste de personal que origina la reducción de jornada fue rechazado públicamente por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el lunes, en Madrid, durante un almuerzo informativo. La reducción obliga a contratar eventuales o interinos para cubrir las horas que dejan de trabajar los titulares de la plaza, máxime en Sanidad y Educación, donde se torna imposible la realización del trabajo sin suplir esas horas.
Bien es cierto que en algunos ámbitos de la Administración no sería preceptivo el reemplazo, pero los expertos advierten de que la situación se produciría en el grueso de la plantilla, dado el colapso que padecen algunas oficinas y la exigencia del cumplimiento de plazos administrativos.
Los expertos consultados estiman que el gasto de personal adicional se situaría en el orden del 4%. Realmente la reducción de jornada en 2,5 horas sobre las 37,5 vigentes (en todas las autonomías, salvo Andalucía) supone un coste del 6,7% de la factura de personal. Pero los analistas consultados rebajan el impacto al 4% al entender que los trabajadores de reemplazo no accederían al puesto con el mismo rango salarial que los sustituidos en esa franja horaria, que ya acumulan antigüedad, trienios, subidas de sueldo y derechos laborales superiores a los recién incorporados.
De este modo, si las cuatro autonomías que demandan la medida -País Vasco, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León- la aplicarán, totalizarían un gasto de personal extra de 1.000 millones, aproximadamente una décima de déficit autonómico.
El impacto estimado por los expertos nace, no obstante, de una aproximación, donde se han replicado los incrementos a partir de los datos de cierre de 2015, último ejercicio completo del que existen datos oficiales de gasto de personal. En la simulación de los analistas se parte del incremento medio de las 17 autonomías basado en la variación interanual más reciente publicada oficialmente, que es la de noviembre de 2016 frente a noviembre de 2015.
Y para cada comunidad autónoma parten del aumento interanual operado en ese periodo suponiendo que fuera ése como mínimo el que se dé este año, lo que depara un cálculo prudente, al ser más que posible que el gasto de personal esté generando ya alzas interanuales superiores, como muestran las últimas cifras oficiales.
Susana Díaz, contradictoria
Destaca en el debate que es precisamente la presidenta andaluza quien enarbola la batalla por la armonización fiscal, siendo su comunidad la que se desmarca de la jornada laboral común y vigente para el resto de autonomías. Es algo que le ha afeado a la líder andaluza el presidente gallego, desde que se produjo la acusación de dumping fiscal al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en la cumbre de líderes autonómicos el pasado 17 de enero, una acusación que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, zanjó durante un almuerzo en la sede de Ecoprensa al manifestar: "No subiré los impuestos porque lo diga Susana Díaz".
Se da el caso, además, de que la comunidad andaluza, con aproximadamente 270.000 empleados públicos, es la tercera por volumen de deuda, con 32.316 millones de euros, y que el pasivo público andaluz sube ininterrumpidamente desde 2007. Ello aunque va embridando las cuentas, habiendo anotado un déficit del 0,44% hasta noviembre de 2016, siendo posible cumplir con el 0,7% para todo el año.
La recuperación de las 35 horas impulsada por Díaz se encuadra en el compromiso de la líder socialista de restablecer en esta legislatura los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada el pasado 2 de junio con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. La jornada laboral de 35 horas semanales se implantó en 1999 y se suspendió en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero.
Contraviene la Ley de Estabilidad y la Justicia lo rechazó dos veces
La reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales contraviene la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y por ese argumento, entre otros, las tentativas de Castilla-La Mancha y País Vasco fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respectivamente.
El Gobierno aún no ha recurrido la norma andaluza que reduce la jornada a 35 horas, adoptada a mediados de enero, pero se supone que seguirá el mismo devenir jurídico de los casos anteriores, cuando fue recurrida por Moncloa y tumbada por la Justicia, al entender que la decisión autonómica sobre la jornada laboral de los empleados públicos no puede contravenir una norma del Estado.
Destaca la voluntad del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera de abonarse a la medida, al ser el primer Gobierno autonómico popular que aboga por instaurarla, frente a los socialistas de Susana Díaz y Emiliano García-Page y al Ejecutivo vasco liderado por el Íñigo Urkullu (PNV).
