CEOE Aragón, Cepyme Aragón, la Asociación de Empresas Familiares de Aragón (AEFA) y el Consejo Aragonés de Cámaras han mostrado su rechazo frontal al acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, además de alertar de las consecuencias que tendría esta medida en la situación actual de la pandemia y su impacto en las empresas y el empleo. También denuncian el "desprecio total" hacia el diálogo social.
"Gran error", "irresponsabilidad", o "inadmisible". Así han calificado las organizaciones empresariales en Aragón el acuerdo anunciado anoche entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu y su posterior rectificación parcial.
Una actuación que CEOE Aragón, Cepyme Aragón, AEFA y el Consejo Aragonés de Cámaras consideran que supone "un desprecio" a las instituciones y al diálogo social, que es "siempre reprobable y más todavía en estos momentos en que la negociación y la unidad son imprescindibles para impulsar la recuperación económica", ya que la inseguridad jurídica y la falta de consistencia en las decisiones gubernamentales pueden paralizar o retrasar decisiones empresariales e influir muy negativamente en el empleo en un momento en el que se atraviesa una de las peores situaciones económicas y laborales de los últimos años.
Los efectos negativos de este acuerdo no quedan ahí puesto que no solo pueden minar la confianza de las empresas, sino también de los ciudadanos y, probablemente de los socios e instituciones europeas, cuyas decisiones y apoyo son claves para la recuperación y desde las que, además, -como ha sido el caso de la Comisión Europea-, se ha planteado la necesidad de que la recuperación a medio plazo se fundamente en medidas de apoyo al empleo acordadas con los interlocutores sociales.
Los representantes de los empresarios y empresas aragonesas, que instan a la recuperación del diálogo social, también han criticado y calificado de "inadmisible" el hecho de que se trate de aprovechar la situación excepcional del estado de alarma para "hurtar" el debate político parlamentario y obviar el papel que la Constitución Española otorga a los agentes sociales.
Las críticas no han quedado aquí porque han calificado este acuerdo de "incongruente" porque se está intentando al mismo tiempo llegar a acuerdos con organizaciones empresariales y sindicatos para tratar de favorecer la subsistencia de miles de empresas y empleos, que están en riesgo por la crisis generada por la Covid-19.
Una de las primeras organizaciones empresariales en reaccionar ante este acuerdo ha sido CEOE Aragón. En un encuentro organizado hoy por APD, su presidente Ricardo Mur, ha afirmado que este acuerdo "dinamita el diálogo social a nivel nacional" y "rompe todos los puentes que pueda haber", además de recordar que la reforma laboral de 2012 es la que, precisamente, ha permitido que se pueda aplicar la figura e los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia.
Un motivo por el que no ha dudado en asegurar que este acuerdo "es un error que solo genera más inseguridad jurídica, más desconfianza hacia el Gobierno y va a generar mucho más paro y mucha más destrucción de empresas. Necesitamos certezas, necesitamos estabilidad. De alguna manera, estas medidas no ayudan para nada a la estabilidad y a la confianza de los empresarios para poder generar empleo y nuevas inversiones a futuro".
Durante su intervención, Ricardo Mur también ha asegurado que no puede "dejarse la normativa laboral de este país en manos de los herederos de ETA" ni tampoco que "el futuro del mercado laboral y las relaciones laborales en España" dependan de un acuerdo con este partido político.
Además, ha considerado "gravísimo" que también "se vinculen decisiones sobre el déficit autonómico en las que priman los intereses políticos de parte en contra de la exigible igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas".
Contrario también se ha mostrado el presidente de AEFA, Alfonso Sesé, quien ha afirmado que las "habituales" rectificaciones y discrepancias políticas, sobre todo en materia económica en el propio Gobierno "generan una gran inseguridad tanto para los ciudadanos como para las empresas, que necesitan un marco estable y fiable para desarrollar su actividad y poder hacer frente a una situación tan difícil como la que atraviesan hoy en su gran mayoría".
"La incertidumbre e incongruencia generada por el Gobierno agrava todavía más la situación" de las pequeñas empresas que se enfrentan a graves problemas. "No se dan cuenta de que sus decisiones afectan directamente al devenir de las empresas", ha aseverado el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita.
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