El Gobierno cederá a la Generalitat de Cataluña las competencias en materia de inmigración de manera prácticamente inminente. Fuentes de máximo nivel del Ejecutivo confirmaron que el pacto entre Gobierno y Junts es inminente y los detalles se darán a conocer esta mima semana a la opinión pública.
Por el momento no se sabe nada más allá de que estará dentro del marco constitucional y que mantendrá a ambas partes contentas con el resultado de lo pactado. Esta información sale a la luz tras la retirada, por parte de los de Puigdemont, de la iniciativa que planteaba la posible cuestión de confianza contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También es casualidad que se produzca después de que Esquerra Republicana (ERRC), principal rival político de Junts, firmase el acuerdo para la condonación de la deuda de más de 17.000 millones de euros a Cataluña.
Las mismas fuentes confirmaron que en el texto se va a incluir alguna fórmula en la que los Mossos d'Esquadra puedan participar en maniobras de control fronterizo concretas. El cuerpo policial autonómico, que es parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, también podría hacer informes perceptivos sobre expulsiones. En todo caso, las competencias estatales quedarían intactas en los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.
Hace tres semanas la consellera d'Interior, Núria Parlon, daba pistas acerca de que la policía autonómica podría asumir el control de puertos y aeropuertos a partir de septiembre. "Necesitamos algo de tiempo para preparar la estructura", dijo Parlon, que aseguraba que este control de fronterizo "será compartido" tanto con Policía Nacional con la Guardia Civil, los dos cuerpos policiales que tienen esta misión en puertos y aeropuertos actualmente en Cataluña.
Esta información sale a la luz tras la retirada, por parte de los de Puigdemont, de la iniciativa que planteaba la posible cuestión de confianza contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También es casualidad que se produzca después de que Esquerra Republicana (ERC), principal rival político de Junts, firmase el acuerdo para la condonación de la deuda de más de 17.000 millones de euros a Cataluña. Este compromiso también estaba dentro del acuerdo de investidura del Gobierno de coalición y que los socialistas llevaban prolongando desde el inicio de la legislatura. Finalmente, la oferta se amplió a otras Comunidades Autónomas y Hacienda incluyó una quita de 83.000 millones de deuda a cualquier CCAAque estuviese dentro del régimen común.
Pero los últimos méritos de los que Esquerra estaba sacando pecho y que mantenían a Junts en un segundo plano en la esfera políticatalana y nacional se fueron sucediendo a lo largo de estos días. Sin ir más lejos, la pasada semana se anunciaba el acuerdo entre la Generalitat y la fuerza independentista de izquierda para que el Ejecutivo regional, encabezado por el socialista Salvador Illa, se hiciese con la gestión de Rodalíes (el servicio de Cercanías de Cataluña) a partir del primero de enero del próximo año 2026.
El 'respeto' del PSC
Horas antes de que saltase este anuncio, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Luïsa Moret, dijo que la negociación corresponde a PSOEy Junts y que no era cosa de los socialistas catanes hablar de este tema: "Nosotros, como siempre, respetuosos y pendientes", aseguró.
Moret dijo en una rueda de prensa ayer en la sede de la formación que estas negociaciones "están dentro de un espacio de negociación entre Junts y el PSOE" y que ellos no habían hablado con nadie.
