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Crece la tensión por el Galeón San José: un abogado español representa a una alianza de indígenas que reclama el oro como "patrimonio compartido"

Foto: elEconomista.

El pecio del galeón español San José, y sobre todo su tesoro en monedas de oro que guarda en su interior, está generando un conflicto de interés por parte de Colombia, una empresa estadounidense y España. A esta batalla se ha sumado una alianza de pueblos originarios que ha reclamado a Naciones Unidas, Colombia y España que la embarcación sea considerada como patrimonio "común, compartido y que haya una reconciliación histórica.

En una primera instancia, las naciones originarias killakas, karangas y chichas, que estuvieron vinculadas, "forzadamente", con la explotación histórica del Cerro Rico de Potosí de donde proviene buena parte de la carga del galeón, fueron las las que iniciaron las demandas, según Europa Press.

Según explicaron hace unos meses sus representantes jurídicos, el derecho internacional les otorga capacidad para ser consultados y participar en el destino del galeón. Hoy, de la mano de un abogado español las comunidades buscan que el galeón sirva para "una reconciliación histórica" de los pueblos para "construir porvenir".

Al reclamo de las tres naciones se suman otras tres: Pacajes, Charkas y Lípez. Con esta nueva alianza, han presentado una solicitud para intervenir como 'amicus curiae' (amigo de la corte o del tribunal) en el caso que enfrenta a las empresas cazatesoros Sea Search-Armada y LLC (EEUU) con Colombia, y que está pendiente de respuesta.

La contienda por el San José, hundido, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, y las últimas vistas están programadas para noviembre, aunque la complicación jurídica del caso, con procedimientos abiertos incluso a nivel nacional en Colombia, puede alargar la resolución final a 2026.

El abogado español que representa la alianza de indígenas

Es lo que opina José María Lancho, el abogado español que representa a las seis naciones indígenas -se pueden unir más, dice en una entrevista con EFE-, quien asegura que la solicitud de sus representados busca simplemente "una reconciliación histórica".

"No están pidiendo una representación del pasado. El pasado es imprescindible para construir porvenir. Lo que quieren es participar en esa construcción, no hablar de una herida eterna que jamás cerrará", asegura el letrado.

Lo que entienden (las naciones indígenas) es que "ni Colombia puede llegar a tener el derecho de propiedad" (sobre el San José), ni "llegar a un acuerdo de reparto con una empresa cazatesoros", si no que el galeón debe ser "un patrimonio común y compartido entre ellos, el Reino de España y Colombia". "No es un saco de plata y de restos valiosos económicamente, para ellos está fuera de comercio, por supuesto", subraya.

Las naciones indígenas, sujetos de derecho internacional aunque no sean Estados, afirman que Colombia y España pueden poner en peligro todo el legado arqueológico de los galeones de la llamada 'Carrera de Indias' (las rutas que unieron Castilla con sus virreinatos americanos) si convierten el San José en una excepción.

En esa ruta se estima que se puedan encontrar más de 150 pecios (o yacimientos) hundidos y el fallo sobre el San José podría marcar un antes y un después sobre la propiedad y explotación de todos ellos.

De hecho, han sido las naciones originarias quienes han solicitado por primera vez a la UNESCO incluir en el Inventario de Bienes Culturales en Peligro los restos de los buques históricos españoles hundidos durante la 'Carrera de Indias', por su valor patrimonial e histórico común.

"Por eso nos ha resultado tan extraño que se nos haya condenado un poco a no poder transmitir el mensaje de este enorme número de comunidades que nunca se han reunido en un arbitraje comercial para hacer un posicionamiento de intereses", recalca.

El coste de la no reivindicación española

Según Lancho, en esta contienda por el San José, España "debería hacer aflorar con toda su potencia" el derecho internacional, y cree que el país, más allá de sus sucesivos gobiernos, "no siempre está a la altura del desafío de la industria internacional cazatesoros".

El abogado cree que el problema está en que "no se ha enfocado esto como una política de Estado" y se adoptan soluciones de coyuntura "dependiendo del acercamiento a un país u otro".

"Y esto tiene un coste, y es que no nos damos cuenta de que una política de este tipo nos facilita convertir estos yacimientos en un punto de reencuentro con las sociedades americanas de las que a veces hemos estado muy distantes", afirma.

Un complicado "ovillo jurídico"

Lancho explica el complicado "ovillo jurídico" al que se enfrenta la petición de sus representados.

Por un lado, están los intereses de MACS, que es una empresa nueva, que alcanzó unos acuerdos con el Estado colombiano y éste cerró unas compensaciones poco transparentes hasta el momento» sobre el San José.

El abogado recuerda que en esos acuerdos rige la ley cazatesoros colombiana, "que incentiva a las empresas para a través de los acuerdos con el Estado Colombiano explotar los yacimientos históricos".

Otro conflicto jurídico es la reclamación de la empresa estadounidense Searched Armada, que solicita 10.000 millones de dólares a Colombia por haber encontrado el galeón, y que ha presentado acciones en juzgados colombianos e «incluso tiene algunas resoluciones favorables».

"España, estoy convencido de que pedirá la inmunidad soberana (por ser el pecio de bandera española), pero tiene que ser congruente y pedir a instancias internacionales que puedan imponerle a Colombia condiciones que aseguren que ni el San José ni ningún otro pecio histórico puede ser utilizado en sus explotaciones comerciales", remarca el letrado.

Y recuerda, en referencia a Colombia, que por encima de sus propias leyes existe el derecho de la Convención del Mar, que es internacional.

Personalidad juridica de los pueblos originarios

Estos pueblos originarios de Bolivia que tienen personalidad jurídica incluso internacional, aunque no sean Estados, conforme a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e importante jurisprudencia de la Corte IDH han habitado de manera ancestral la región de Charcas.

Así, han preservando su cultura, lengua e instituciones propias según acreditan estudios históricos, afrontando en la actualidad muchas dificultades. Las naciones originarias afirman que el acceso unilateral al galeón por Colombia al margen de las demás partes interesadas y al derecho internacional sería "un acto de expolio y un acto neocolonial".

Es por ello que instan a que Unesco requiera a Colombia e incluso a España, país que es parte de la Convención sobre la protección del patrimonio subacuático de 2001, que "emprenda acciones" ante los organismos internacionales competentes, incluido el Tribunal Internacional de Justicia para "hacer valer la inmunidad soberana" de los restos correspondientes al galeón San José.

De esta manera, entiende que se garantizaría que las naciones originarias sean consultadas, puedan participar efectivamente en el destino del galeón y que el San José sea un patrimonio común y compartido.

La nación Qhara Qhara reclama su parte

A esta batalla se ha sumado otra nación, la indígena boliviana de los Qhara Qhara, quienes reclaman los objetos "ancestrales" del galeón como suyos. Una demanda reconocida por el presidente colombiano Gustavo Preto quien señaló a Radio W que "el origen de parte del tesoro le pertenece a esta nación indígena y por su peso espiritual".

En este contexto, Tata Samuel Flores Cruz, representante legal de la Nación Qhara Qhara ante la CIDH por el caso del Galeón San José, aseguró al medio radial que reciben la noticia del presidente Gustavo Petro de manera "positiva y saludable". "En poco tiempo será posible palpar lo que se extraiga del tesoro", afirmó.

Todo esto mientras se abre una investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos por supuesto "saqueo" del tesoro de 20.000 millones en monedas de oro durante su periodo como mandatario. La denuncia la hizo el historiador Francisco Hernando Muñoz en 2021.

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