Crece la tensión por el galeón San José: un expresidente colombiano es investigado por "saqueo" del tesoro de 20.000 millones en monedas de oro

Hace un par de años, Gustavo Preto, expresidente colombiano, anunció urgentemente sus intenciones de rescatar al galeón San José para su país. Esta decisión generó una "disputa" internacional entre los que figura España Y Estados Unidos por el interés del millonario tesoro que naufragó con navío de la ruta de Indias. En las últimas semanas, y con la ventaja de que el precio está cerca de Colombia, el país latinoamericano anunció que el inicio de las operaciones de rescate de la embarcación será en abril. Sin embargo, surge una investigación contra un exmandatario colombiano, que también ha estado interesado en el barco, por presunto "saqueo" de la embarcación. Un hito legal que podría frenar el sueño de que las piedras preciosas se queden en tierras americanas.

Revuelo mundial ha causado la decisión del ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa por querer empezar el rescate del famoso, y controversial, galeón San José. Y es que, tanto nuestro país como EEUU quieren parte del pastel del tesoro de 20.000 millones de monedas de oro que naufragó hace más de tres siglos en la carrera de Indias. Si bien el verdadero interés es por el tesoro del galeón, Correa manifestó que la extracción de abril será para "investigación cultural y técnica" del navío y que la operación del tesoro "no será para este año".

"Esto es una suerte de exploración, como si fuéramos al espacio para poder recuperar dos, tres, cuatro materiales para poder entender qué les pasa a esos objetos cuando aparecen en la superficie, en la atmósfera después de haber estado sumergido tres siglos allá abajo. La próxima investigación estará liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional. El fin es extraer algunas unidades del pecio arqueológico para investigar sus dimensiones culturales y técnicas", manifestó el secretario de estado.

Para esta operación de "investigación", el gobierno colombiano gastaría 4,2 millones de euros en el proyecto y la idea sería trabajar en un documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para que queden asegurados los recursos durante los diez próximos años. Si bien Correa dejó claro que el interés de Colombia en esta extracción solo tiene intenciones de investigación, no cerró la idea de que el país latinoamericano incursione en próximas expediciones hacia el tesoro que todos quieren tener. Por esta razón, surgen los litigios internacionales de este caso entre el país latinoamericano, España y la empresa de cazatesoros Search Armada que reclama los derechos sobre el descubrimiento del pecio.

Sin embargo, más revuelo ha causado la reciente denuncia puesta a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia en los años 2010-2018 por un presunto "saqueo" del tesoro que todos reclaman y que podrían frenar las aspiraciones colombianas de hacerse con el valioso contenido del pecio.

La investigación a Juan Manuel Santos por "saqueo" del tesoro

En este contexto, y según explica EFE, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el expresidente colombiano Juan Manuel Santos por la presunta "intrusión" y "saqueo" arqueológico del galeón español San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias y hallado en 2015.

Según señala la agencia, el organismo abrirá una "investigación previa en contra de Juan Manuel Santos Calderón" por cuenta de una denuncia interpuesta en 2021 por el historiador Francisco Hernando Muñoz por la presunta intrusión y saqueo "del contexto arqueológico de los restos del naufragio del galeón San José". Por esa razón, la Comisión programó para el 18 de abril una diligencia de "ampliación y ratificación" de la denuncia. Lo que vuelve abrir el debate y la pugna legal sobre la propiedad del galeón.

Muñoz explicó que "una vez se conocieron las imágenes del contexto arqueológico del galeón San José en 2018, dos años después de ser registradas durante la exploración llevada a cabo por el Gobierno de Santos en 2016, numerosas voces especializadas a nivel mundo levantaron la voz para advertir sobre cambios en dicho contexto".

Según el historiador, en 2020 "un arqueólogo especialista en contextos de profundidad de la Universidad de Southampton de Inglaterra demostró en un foro con la Universidad del Norte de Barranquilla de manera técnico-científica la evidente intrusión".

Los derechos de España y patrimonio subacuático

Pareciera que al decir galeones "españoles" se asume por completo que son de España. O al menos así se ha referido nuestro país respecto al hallazgo del galeón San José.

En 2015, con el anuncio del descubrimiento de los restos del pecio, el secretario de Estado de Cultura por ese entonces, José María Lasalle, se manifestó al respecto. "El gobierno español va a solicitar una información precisa acerca de la aplicación de la legislación de su país en la que fundamenta la intervención sobre un pecio español", dijo el secretario.

"Estamos analizando qué actuaciones se pueden adoptar en defensa de lo que entendemos es el patrimonio subacuático y respecto a las convenciones de la UNESCO con las que está comprometido nuestro país desde hace muchos años", afirmó Lasalle.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de España por ese entonces, José Manuel García-Margallo, fue más allá y afirmó que "el galeón San José es un barco de Estado". "Se trata de un barco de Estado, de guerra, y no barcos privados, por lo que hay una titularidad del Estado donde esté abanderado el pabellón del navío", manifestó García-Margallo.

"No se trata de dilucidar en una sentencia quién es el legítimo dueño del patrimonio subacuático hallado porque, según el principio de inmunidad soberana, mientras un Estado no abandone expresamente su patrimonio público subacuático, seguirá siendo su propietario", sentenció a la BBC el abogado español Carlos Pérez Vaquero.

En las últimas declaraciones realizadas en 2019 sobre este ítem histórico, el Gobierno reiteró la consabida posición española que defiende que, según el derecho internacional comúnmente admitido por todas las naciones, el "San José" era un buque de Estado, sus restos tienen la consideración de "tumba submarina" y no pueden ser objeto de explotación comercial.

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