Leopoldo Puente, el juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo', ha pedido al Congreso de los Diputados un suplicatorio para poder imputar a José Luis Ábalos, exministro de Transporte y Movilidad Sostenible, por cuatro delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Tal y como informa el Poder Judicial en su página web, existen "indicios bastantes" de la posible comisión de esos cuatro delitos por parte del exministro y diputado, una circunstancia que obliga a Puente a pedir ese suplicatorio ante la "constancia de indicios cualificados".
El Alto Tribunal realiza esta petición después de tomar declaraciones a Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama, y a Koldo García, exasesor de Ábalos y persona que da nombre a la trama, ya que con su detención en febrero comenzaron las investigaciones judiciales.
Antes, el pasado 12 de diciembre, Ábalos compareció de forma voluntaria en el Supremo para defender que ni él ni Koldo García cobraron comisiones durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Precisamente, el magistrado explica que, tras estas declaraciones, "existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado (Ábalos) pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas".
Puente hace referencia en concreto a "la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad".
El suplicatorio, no antes de febrero
El funcionamiento del Congreso de los Diputados hace inviable que el suplicatorio no tenga lugar antes de febrero, dado que el calendario de sesiones no contempla plenos en enero. La Cámara Baja ha de remitir la solicitud del Supremo a la Comisión del Estatuto del Diputado, que tiene un plazo de 30 días para presentar una propuesta, un plazo en el que se tendrá que dar voz al propio Ábalos.
Después, la comisión enviará este asunto para su votación en el pleno. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas, informa Europa Press.
Sea como fuere, se prevé que el Congreso otorgue su luz verde al suplicatorio, dado que el PSOE ha anticipado que votará a favor de que se investigue a Ábalos. Así lo ha asegurado Patxi López, portavoz parlamentario socialista: "Votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la Justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él".
Cruce de acusaciones entre Ábalos, Koldo y Aldama
Esta misma semana, Ábalos presentó al juez un informe de 85 páginas en el que trata de poner de relieve lo que a su juicio son 25 contradicciones de Víctor de Aldama en sus declaraciones (una voluntaria en noviembre y a la que fue convocado este lunes) en el Tribunal Supremo.
Posteriormente, este mismo miércoles, y después de conocerse la petición de suplicatorio por parte del Supremo, la defensa del exministro ha presentado un nuevo bloque documental, el que ya prometió en su declaración del 12 de diciembre, y que incluye su información patrimonial, los pagos del alquiler del chalé que los investigadores consideran una posible dádiva, y los informes de Adif y de la Dirección General de Carreteras que descartaban irregularidades en contratos de obra pública en su mandato, informa Europa Press.
En sus comparecencias ante el juez, Aldama ha acusado a Ábalos, a Koldo García y al PSOE de cobrar comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos relacionados con la compra de mascarillas en la pandemia de coronavirus. El empresario asegura el cobro de comisiones llegó a cuatro millones de euros, de los cuales Ábalos se llevó 400.000 euros y Koldo 250.000 euros.
Koldo García, por su parte, ha rechazado el cobro de las comisiones, aunque sí admitió que conocía a Aldama y que el empresario era un habitual del Ministerio de Transportes e incluso llegó a visitar a Ábalos en su domicilio.
