La destitución del exCEO de Odilo, Rodrigo Rodríguez, por parte del Consejo de Administración, compuesto por los fondos Active, Kibo, Swanlaab, JME Ventures y Bregal Milestone, abre la puerta a una denuncia judicial tras la ruptura del pacto de socios. Según fuentes consultadas por este periódico, el convenio establece que ningún directivo puede ser cesado sin, al menos, el voto de uno de los fundadores de la compañía. Así, y siempre de acuerdo a fuentes cercanas a la familia Rodríguez, el exCEO planea exigir la venta de las acciones propiedad de los fondos por valor nominal.
El convenio de socios, precisamente, recoge que en una situación con tales circunstancias, "el accionista infractor estará obligado a transferir a los accionistas restantes sus porcentaje accionarial". El exejecutivo, que ha sido apartado definitivamente de la compañía después de que el pasado mes de septiembre el Consejo, que posee el 53% del accionariado, decidiese suspenderle de empelo de forma temporal, aunque manteniéndole el sueldo, estaría trabajando ya en dos demandas contra los fondos por la vía judicial.
En cualquier caso, según fuentes consultadas,el cese de Rodríguez no sería el único punto del pacto que ha roto el Consejo de Administración, pues, tras la destitución de otros consejeros, no ha permitido el nombramiento de nuevos consejeros y, además, ha llevado a cabo distintas reuniones, contraviniendo así lo dispuesto en el pacto. De hecho, el primer consejo se celebró la primera semana de la destitución temporal de Rodríguez.
Ante la decisión de rescindir su contrato, el que fuera el máximo ejecutivo de la compañía explicó que "esta esta acción, que ya esperábamos, es una nueva represalia por parte de Ricard Soderberg (Active Venture Partners) , Juan Revuelta (Swanlaab Venture Factory) y Jan Bruennler (Bregal Milestone) tras conocer las acciones legales interpuestas contra ellos que incluyen entre otras, una querella penal por acoso y coacción".
Rodríguez considera que "tanto el informe de PWC como las denuncias hacia los fondos fueron anteriores a las acciones tomadas contra mi, y fueron junto a mi negativa a cederles el control de la compañía, la verdadera razón por la que han buscado cesarme a través de una denuncia que ya fue previamente investigada y archivada como falsa por los canales oficiales".
Cabe recordar aquí, que fue el pasado mes de septiembre cuando los ya citados fondos de inversión llevaron ante la Fiscalía una denuncia -ahora, en periodo de investigación- presentada a través de los canales internos de la empresa sobre supuestas irregularidades, como la contabilización de ingresos por contratos no firmados, además del impago del IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social. El organismo público investiga el caso después de que el despacho de abogados Squire Patton Boggs y la consultora Alvarez & Marsal concluyesen que "existen indicios racionales de que podría haberse producido una potencial manipulación en el reconocimiento de ingresos, creación de contratos ficticios y encubrimiento de irregularidades bajo el ajuste IRFS por parte de la dirección de Odilo".