Odilo, una de las mayores plataformas españolas de educación digital, se enfrenta a una denuncia de un grupo de accionistas ante la Fiscalía por un presunto delito de falsedad contable y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Creada en Cartegena (Murcia) en 2011, Odilo presumía hasta hace poco de haberse convertido en el Netflix o el Shopify de la educación, con con una valoración en la última ronda de financiación de 246 millones de euros. El 47% de la compañía está en manos de la familia Rodríguez y el 53% lo controlan cinco fondos: Active Ventures Partners, Kibo Ventures, Swanlaab Venture Factory, Bregal Milestone y JME Ventures, propiedad en este último caso de la familia Entrecanales.
El consejo de administración encargó un informe forensic a la firma de abogados Squire Patton Boggs y a la consultora Álvarez & Marsal. Tras tras varias denuncias a través del canal interno de la empresa por manipulación de las cuentas, existencia de contratos ficticios o contabilización de ingresos de acuerdos que ni siquiera estaban firmados, además de irregularidades laborales e impago de impuestos y cotizaciones sociales, se dio traslado a la Fiscalía, que acusó recibo de la misma.
Lejos de colaborar, en un informe del pasado mes de julio firmado por los abogados de Squire Patton Boggs, y al que ha tenido acceso este periódico, se advertía ya de que "la sociedad ha incurrido en una actuación obstaculizadora, que ha impedido el normal desarrollo de la investigación de los hechos denunciados".
Aunque, según este despacho, como consecuencia de ello "no se han podido encontrar hallazgos relevantes", sí que "existen indicios racionales de que podría haberse producido una potencial manipulación en el reconocimiento de ingresos; creación de contratos ficticios; y encubrimiento de irregularidades bajo el ajuste IFRS por parte de la dirección de Odilo".
De hecho, "las declaraciones llevadas a cabo por los entrevistados confirman el núcleo de los hechos contenidos en la denuncia, en tanto revelan el patrón de manipulación de datos y comportamientos irregulares por parte de la sociedad, con el fin de obtener financiación y mostrar una apariencia de la situación financiera de Odilo ante el consejo de administración y los inversores que no se ajusta a la realidad".
En la reunión del máximo órgano ejecutivo del pasado 16 de julio, a cuyas actas ha tenido acceso elEconomista.es, se decidió destituir al equipo de compliance y al consejero delegado, Rodrigo Rodríguez, además de a otros miembros de la familia que ocupaban también puestos ejecutivos. Según aseguran ahora fuentes próximas a los denunciantes, "los fundadores de la firma, pertenecientes en todos los casos a la familia Rodríguez, intentaron bloquear la investigación, borrando información y destruyendo incluso pruebas, como la mensajería corporativa".
Odilo tiene inversión pública del CDTI, diversas subvenciones y uno de sus mayores clientes es el sector público. El fraude afectaría, sobre todo, a las cuentas de 2023, pero también a la de años anteriores. Todas ellas están auditadas por la firma BDO Auditores sin salvedades. Las cuentas del año pasado aún no están en el Registro, si bien, las de cierre de 2022 reflejan que la compañía tuvo una facturación de 15,58 millones de euros con unas pérdidas de 2,6 millones.
Directivos suspendidos
Odilo parece dispuesta a colaborar con la justicia y esclarecer los hechos. En un comunicado remitido ayer a elEconomista.es, la plataforma digital de educación, admite que "tras detectarse irregularidades en los procedimientos asociados al canal interno de denuncias, Odilo ha puesto en marcha una investigación externa y exhaustiva que proporcione total transparencia".
Bajo este contexto, la compañía asegura que "el consejo de administración, a petición de la Junta de Accionistas, ha acordado la suspensión temporal de diferentes cargos directivos¨. Esta situación, según asegura el grupo en un comunicado, "no ha interrumpido las operaciones diarias, ni ha afectado o afectará a la calidad del servicio que Odilo ofrece a sus clientes". Según la firma, "al tratarse de una investigación confidencial, la compañía no entrará a valorar ninguna cuestión al respecto". Las denunciantes apuntan, no obstante, a personas responsables que continúan trabajando en la compañía y sobre los que todavía no habría habido ningún tipo de comunicación.
La denuncia expone, por otro lado, que Odilo elude el pago obligatorio de Seguridad Social de algunos de sus contratados. En este punto, la parte denunciante explica que hasta el 20% de la plantilla laboral es extranjera, de la cual una gran parte tiene acordado el contrato de trabajo en sus países de origen, pese a que desarrollan su actividad en Madrid. Todo esta ya en manos de la Fiscalía, sobre lo que la empresa, al tratarse de un proceso en marcha, no se pronuncia.
El grupo que presumía de tener 170 millones de usuarios
¿Un gigante con pies de barro? Odilo, investigada hoy por la Fiscalía por presuntas irregularidades, aseguraba contar con sedes en España, Chile, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Filipinas y Brasil, y tener presencia en más de 50 países, según figura en su página web. Dispone, a su vez, de acuerdos comerciales con más de 7.300 proveedores de contenidos digitales educativos y cuenta con más de 300 trabajadores y una base agregada de usuarios de más de 170 millones. Entre sus clientes, figuran Gobiernos de Europa, América del Norte, América Latina, el Sudeste Asiático, Australia y África; referentes académicos como la Universidad de Pekín y empresas de primer nivel como Banco Santander o Vodafone.
Este año, la firma encabezada por la familia Rodríguez fue seleccionada por tercera vez consecutiva como candidata para convertirse en una de las empresas unicornio de España y con mayor proyección del continente europeo. Incluso, fue incluida en The Next 35, un prestigioso listado que identifica a las entidades nacionales más prometedoras y con potencial para formar parte del IBEX 35.
Creada en 2011 en Cartagena, nació con la idea de aplicar el concepto de la digitalización a la biblioteca pública, aunque actualmente aboga por convertirse en referente en materia de Inteligencia Artificial gracias a la última ronda de financiación, la mayor de una compañía en EdTech de la historia a nivel nacional. En numerosas ocasiones, se ha definido a la entidad como "la empresa de Silicon Valley" y, sin embargo, solo figura un único empleado en Estados Unidos, y al parecer, no dispone de oficina en el país norteamericano, según fuentes consultadas por este periódico.
