
El Consejo de Administración de Odilo, compuesto por los fondos Active, Kibo, Swanlaab, JME Ventures y Bregal Milestone, ha decidido rescindir el contrato de quien hasta el momento era el fundador y consejero delegado de la firma, Rodrigo Rodríguez, por posible manipulación de cuentas y otros supuestos delitos contables. Tal y como ha podido saber elEconomista.es, el directivo ha sido apartado definitivamente de la compañía después de que el pasado mes de septiembre los fondos representados en el Consejo, que poseen el 53% del accionariado, decidiese suspenderle de empelo de forma temporal, aunque manteniéndole el sueldo.
En una entrevista para este periódico, Rodríguez aseguró, no obstante, que según el pacto accionistas no se le puede cesar sin contar con al menos un voto de los fundadores, asegurando que "la utilización de denuncias falsas para tomar el control de la gestión es una grave vulneración del pacto de socios". Así, de acuerdo a las fuentes consultadas, el exejecutivo estaría planteándose tomar medidas legales al respecto.
Ante la decisión de rescindir su contrato, el exCEO de la compañía explica que "esta esta acción, que ya esperábamos, es una nueva represalia por parte de Ricard Soderberg (Active Venture Partners) , Juan Revuelta (Swanlaab Venture Factory) y Jan Bruennler (Bregal Milestone) tras conocer las acciones legales interpuestas contra ellos que incluyen entre otras, una querella penal por acoso y coacción".
Más aún, Rodríguez considera que "tanto el informe de PWC como las denuncias hacia los fondos fueron anteriores a las acciones tomadas contra mi, y fueron junto a mi negativa a cederles el control de la compañía, la verdadera razón por la que han buscado cesarme a través de una denuncia que ya fue previamente investigada y archivada como falsa por los canales oficiales".
En un comunicado remitido a este periódico, la compañía asegura, por otro lado, que "se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales" y que "el Consejo de Administración está aplicando las mejores prácticas de gestión, compliance, buen gobierno corporativo y transparencia". Según la posición de la firma, Odilo decidió suspender la gestión temporal de Rodríguez "a petición de la Junta de Accionistas, con el voto favorable del 100% de los accionistas institucionales, que representan el 66% del capital".
El origen
Fue el pasado mes de septiembre cuando los ya citados fondos de inversión llevaron ante la Fiscalía una denuncia -ahora, en periodo de investigación- presentada a través de los canales internos de la empresa sobre supuestas irregularidades, como la contabilización de ingresos por contratos no firmados, además del impago del IVA y las cotizaciones a la Seguridad Social.
El consejo de administración de Odilo encargó, de hecho, una auditoría forensic al despacho de abogados Squire Patton Boggs y a la consultora Alvarez & Marsal, que concluyeron que "existen indicios racionales de que podría haberse producido una potencial manipulación en el reconocimiento de ingresos, creación de contratos ficticios y encubrimiento de irregularidades bajo el ajuste IRFS por parte de la dirección de Odilo". Rodrigo Rodríguez, sin embargo, calificó estas denuncias como "falsas" y acusó a los fondos de "ejercer una presión insoportable sobre el equipo directivo" y romper el pacto de socios existente, que les impide las injerencias en la gestión, para tomar el control. Según el propio exconsejero, el conflicto comenzó cuando Bregal Milestone propuso la compra de una compañía francesa a finales de 2022, y él se negó.
Odilo tiene inversión pública del CDTI, diversas subvenciones y uno de sus mayores clientes es el sector público. El fraude afectaría, sobre todo, a las cuentas de 2023, pero también a la de años anteriores. Todas ellas están auditadas por la firma BDO Auditores sin salvedades. Las cuentas del año pasado aún no están en el Registro, si bien, las de cierre de 2022 reflejan que la compañía tuvo una facturación de 15,58 millones de euros con unas pérdidas de 2,6 millones.
Sobre esto, Rodríguez explicó en exclusiva a este periódico que, a partir de 2023, la compañía cambia el modelo de contabilización de Spanish Gaap al internacional IFRS y, para ello, hay que realizar la contabilidad en al menos el año anterior al cambio y realizar un ajuste de transición, que se pone como pasivo en el 2022 y se queda a cero a finales del 2023.