Víctima. Así es como se considera el exconsejero delegado de Odilo, Rodrigo Rodríguez, tras su destitución por posible manipulación de las cuentas, según ha insistido a este periódico. Rodríguez se defiende de las denuncias "falsas" presentadas a través de los canales internos de la compañía sobre supuestas irregularidades en la contabilización de ingresos, entre otras cosas, y acusa a los fondos Bregal Milestone, Active y Swanlaab, de "ejercer una presión insoportable sobre el equipo directivo" y romper el pacto de socios existente, que les impide las injerencias en la gestión, para tomar el control. Así las cosas, Rodríguez anuncia tomar medidas legales al respecto. Según el propio exconsejero, el conflicto comenzó cuando Bregal Milestone propuso la compra de una compañía francesa a finales de 2022, y él se negó.
A partir de entonces, el exdirectivo y su familia estuvieron recibiendo "amenazas" por parte del fondo de inversión, que tenía el objetivo de hacerse con el Netflix de la educación. Algo que Rodríguez califica como un "ataque orquestado" hacia su reputación. "Ellos no podían entrar en la gestión según el pacto al que llegamos y a mi solo me podían destituir con el voto a favor del otro consejero de la familia y no lo tienen. Estuvieron enviando correos a los directivos acusándome de intentar manipularles, me impusieron la contratación de un director financiero pese a no poder hacerlo y se empeñaron en comprar empresas contra mi criterio, llegando a presentar una oferta no vinculante por una firma francesa", narra.
Tras la presentación de una denuncia anónima por el canal interno, el consejo de administración de Odilo encargó una auditoría al despacho de abogados Squire Patton Boggs y a la consultora Álvarez & Marsal, que concluyeron que "existen indicios de que podría haberse producido una potencial manipulación en el reconocimiento de ingresos, creación de contratos ficticios y encubrimiento de irregularidades bajo el ajuste IRFS por parte de la dirección de Odilo".
En este punto, Rodríguez aclara que el despacho de abogados fue contratado ya para asesorar a Bregal Mileston en la ronda de financiación de la compañía en la que acordó su entrada en el capital y señala que "la denuncia que se presentó era un chiste porque lo que hicimos fue cambiar el criterio de la contabilidad a la normativa IRFS con el asesoramiento de Deloitte y con el visto bueno en las cuentas de BDO, nuestro auditor".
Sobre esto, Rodríguez explica que es a partir de 2023 cuando se pasa del modelo de contabilización de Spanish Gaap al internacional IFRS y, para ello, hay que realizar la contabilidad en al menos el año anterior al cambio y realizar un ajuste de transición, que se pone como pasivo en el 2022 y se queda a cero a finales del 2023.
Rodríguez, que va a pedir ahora en los tribunales su restitución, recuerda que se encargó un informe de satisfacción laboral a PwC que concluyó que "los fondos estaban sometiendo al equipo directivo a una presión insoportable".