Los dispositivos electrónicos se han convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana. Nos permiten trabajar, nos brindan acceso a información y entretenimiento, nos ayudan a cocinar, a desplazarnos y a cuidar de nuestra salud pero, sobre todo, facilitan la comunicación entre personas que se encuentran en diferentes partes del mundo.
La evolución que está experimentando la tecnología, con la integración de la inteligencia artificial y el internet de las cosas, no hace más que aumentar el uso de estos productos en los hogares. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 78% de la población mundial mayor de diez años tiene un teléfono móvil, y el estudio Uso y consumo de la tecnología en 2024 destaca que el 45% de los españoles cuenta con seis o más dispositivos.
La proliferación de este tipo de aparatos y el volumen de residuos que generan al final de su vida útil se está convirtiendo en un grave problema para el medio ambiente, debido a la deficiente gestión que todavía se hace de su recuperación y reciclado. Por eso, la Unión Europea ha impulsado la Directiva sobre derecho a reparar, una normativa diseñada para ayudar a reducir la producción de estos desechos y las emisiones contaminantes que producen.
El nuevo marco legislativo, que acaba de entrar en vigor y que los países deberán trasponer antes del 31 de julio de 2026, pretende también reforzar el sector de la reparación facilitando a los consumidores el arreglo de bienes a un precio razonable cuando la garantía haya expirado.
Un aumento imparable
El último informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que en el mundo se generan 40 millones de toneladas de residuos electrónicos al año y calcula que el volumen de este tipo de chatarra crece a un ritmo que oscila entre un 16% y un 28% cada cinco años, el triple que la basura doméstica.
Sólo en 2022, la humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos, un récord histórico que supone un incremento del 82% con respecto a 2010 y que equivale a un millón y medio de camiones puestos en fila rodeando la Tierra por el Ecuador. Pero el verdadero problema es que el volumen de basura está creciendo a un ritmo cinco veces superior a su reciclaje, tal y como alerta el 'Monitor Mundial de Residuos Electrónicos' publicado recientemente por la ONU.
Tal y como recoge el documento, la chatarra electrónica está aumentando a nivel global en 2,6 millones de toneladas anuales y va camino de alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030, un 33% más que en 2022. La mayor parte de los residuos electrónicos van a parar a vertederos de África y menos de una cuarta parte (tan sólo un 22,3%) se reciclan adecuadamente. Además, el estudio prevé que la tasa de reciclaje se reduzca hasta el 20% en 2030, "debido a la creciente diferencia entre los esfuerzos de reciclaje y la creciente generación de residuos electrónicos en todo el mundo".
Asimismo, los datos señalan que Europa, con 17,6 kilos por persona, es el continente que más desechos electrónicos genera al año y España se coloca como el quinto país que más residuos produce con 19,6 kilos anuales por persona tras Alemania, Francia e Italia.
Antes que reciclar, reparar
Según datos de la Comisión Europea, la eliminación prematura de bienes de consumo produce 261 millones de toneladas de emisiones equivalentes de CO2, consume 30 millones de toneladas de recursos y genera 35 millones de toneladas de residuos en el territorio comunitario cada año. La UE espera que la nueva norma contribuya a alargar la vida útil de productos domésticos comunes como lavadoras, aspiradoras o incluso teléfonos inteligentes cuando estos dejen de funcionar. De esta forma, pretende contribuir a cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, ayudar a los ciudadanos evitándoles el gasto que supone comprar nuevos productos.
Porque, más allá de la contaminación que generan este tipo de residuos, la Comisión calcula que tirar en lugar de reparar acarrea un coste económico para los consumidores de 12.000 millones de euros al año. En este sentido, la Directiva pretende revitalizar el mercado de la reparación incentivando el crecimiento y la inversión en 4.800 millones de euros.
Así, y al amparo de esta ley, los consumidores podrán pedir que el producto estropeado sea reparado o sustituido por otro nuevo, y la reparación será recompensada con doce meses extra de garantía (que ahora es de tres años para los productos comprados desde el 1 de enero de 2022). Por su parte, los fabricantes de aquellos productos cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad estarán obligados a proponer servicios de reparación a los consumidores y a ofrecer piezas de recambio a un precio razonable. No podrán negarse a realizar las reparaciones y tampoco recurrir a prácticas que las obstaculicen como, por ejemplo, la utilización de cláusulas contractuales que impidan el uso de piezas de repuesto de segunda mano o suministradas en 3D por parte de reparadores independientes. Si, finalmente, el fabricante juzga que la reparación no es posible, podrá ofrecer un producto reacondicionado.
La lucha contra la obsolescencia programada también ha llevado a Bruselas a imponer la obligación de incorporar un cargador universal en todos los dispositivos móviles que se vendan en la UE. Antes de que acabe 2024, los teléfonos móviles, tabletas y cámaras deberán incorporar un puerto USB tipo C que, además, ayude a optimizar la carga y la transmisión de datos. La medida se extenderá también a los ordenadores portátiles en 2026. Gracias a esta pauta, los consumidores se ahorrarán hasta 250 millones de euros al año en compras innecesarias de estos aparatos y se evitarán unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos anuales en la UE.
Asimismo, estas nuevas obligaciones han sido ideadas para combinarse con otras que promueven el ecodiseño de los productos. El objetivo es que los productos se fabriquen facilitando su reparación y, al mismo tiempo, sentar las bases para que arreglarlos sea la opción lógica para el consumidor.
Beneficios del reciclaje electrónico
El reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos es una actividad necesaria para cuidar el medio ambiente y proteger la salud de los ciudadanos, ya que se trata residuos altamente contaminantes. En primer lugar, gran parte de sus componentes están fabricados a base de plástico que puede acabar en el agua de ríos y mares. Pero, además, la mayoría de estos aparatos contiene sustancias potencialmente dañinas y peligrosas, como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo o el níquel que, si bien son necesarias para su funcionalidad, pueden perjudicar la salud humana y los ecosistemas o filtrarse al medio ambiente a través del aire o mediante filtraciones en la tierra y el agua.
Según la Fundación Aquae, un frigorífico mal reciclado emite a la atmósfera gases de efecto invernadero equivalentes a las emisiones de un coche al realizar un trayecto de 15.000 kilómetros, y el fósforo que hay dentro de un televisor puede contaminar hasta 80.000 litros de agua.
El reciclaje de estos aparatos también permite mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, puesto que contienen una gran cantidad de metales que pueden recuperarse utilizando mucha menos energía que si fueran extraídos de la naturaleza y generando hasta un 98% menos de desechos.
Además, muchos minerales raros que se necesitan para fabricar la tecnología moderna proceden de países que no respetan los derechos humanos. Para no apoyar inadvertidamente los conflictos armados y los abusos de los derechos fundamentales, los eurodiputados han adoptado normas que exigen a los importadores europeos de minerales de tierras raras que lleven a cabo verificaciones de antecedentes de sus proveedores.