Conseguir un futuro sostenible es la meta, o al menos, eso es lo que persiguen las normas medioambientales que entran en vigor este 2024 y de cara a los próximos años. El calentamiento global, la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, y la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros, están motivando a los países a tomar medidas decisivas para tratar de minimizar las consecuencias de estos eventos.
Más allá de la Agenda 2030, el Acuerdo de París para evitar que las temperaturas globales no supere los 1,5 grados Celsius, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Libro Verde presentado por la Comisión Europea, la Unión Europea ha aprobado diversas normativas en materia de sostenibilidad con el objetivo de preservar los ecosistemas y la biodiversidad del entorno. Son muchos los avances que se están consiguiendo, de hecho, tras fijarse como meta una disminución del 55% de las emisiones de gases, se prevé que la Comisión establezca su objetivo para 2040.
Las legislaciones no afectan solo a los Estados, sino también a las empresas. Así, las compañías europeas tienen como deber garantizar un modelo de negocio compatible con todas las normativas en materia de sostenibilidad. En términos generales, dichas firmas tendrán que mejorar las condiciones de sus trabajadores, llevar a cabo una producción y una inversión sostenibles, e impulsar una mayor transparencia en el modo de fabricación. Si las empresas no cumplen con estas obligaciones y con los reglamentos vigentes, se verán expuestas a sanciones. Las compañías deben estar en constante cambio ante esta oleada reguladora, aunque todavía pueden mejorar en determinadas medidas. Por ejemplo, y según explica el socio responsable de Sostenibilidad en EY España, Alberto Castilla, "en aquellas destinadas a entender el impacto de la sostenibilidad en su negocio, como los costes, su financiación, el precio de sus productos, su capacidad de inversión o el comportamiento del consumidor, entre otros asuntos".
Asimismo, es clave para las empresas generar un sentimiento de confianza, pues "es el momento de impulsar procesos internos y externos de control de los aspectos de sostenibilidad de la misma forma que se realizan en los estados financieros. El riesgo de percepción de greenwashing requerirá a las compañías mensajes más orientados a los resultados que consiguen en sostenibilidad en el corto plazo que en los compromisos que asumen a largo plazo", apunta Castilla y añade que, en general, "la sostenibilidad requiere un cambio, y la dimensión de este cambio dependerá del sector y del entorno competitivo".
Oleada normativa
No cabe duda de que cada vez hay más control regulatorio. Sin ir más lejos, en España algunas de las normativas más destacadas son el Real Decreto 1055/2022, de 27 de abril, de envases y residuos de envases, enfocado en prevenir el impacto de los envases en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. En este caso, los productores deben estar inscritos en el Registro de Productores de Producto e informan, anualmente, sobre la puesta en el mercado de envases. El decreto alega que "los comercios minoristas de alimentación que vendan a granel alimentos y bebidas deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables por parte de los consumidores, que serán los responsables de su acondicionamiento y limpieza".
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es para prevenir y reducir la generación de residuos y las consecuencias de su generación. Esta legislación prohíbe directamente la comercialización de plásticos de un solo uso como pajitas, bastoncillos de algodón o recipientes de bebidas con poliestireno expandido. A todo esto se suma que, desde el próximo mes de julio, solo se podrá producir tapas y tapones de plástico que estén unidos a los envases. Luego, desde enero de 2025, el mercado solo aceptará botellas con, mínimo, un 25% de plástico reciclado. Y, a partir del 2030, solo botellas con al menos un 30%.
A nivel europeo, un ejemplo, es la taxonomía ambiental. Esta pretende crear un sistema de clasificación que establezca una lista de actividades económicas sostenibles con criterios comunes para todos los Estados. Para que las compañías puedan clasificar sus actividades, tienen que comprobar que cumplen uno o más de los seis objetivos establecidos. Estos son: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, sostenibilidad y protección de agua y recursos marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y ecosistemas.
Informe de sostenibilidad
Otra de las normativas europeas, que se aprobó el pasado mes de abril en el Parlamento Europeo, es la Directiva sobre diligencia debida de las empresas. Esta establece requisitos para que las compañías lleven a cabo una identificación y mitigación de los impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, además de tener que elaborar planes climáticos. La aplicación de esta norma afectará a empresas, que, como mínimo, tengan 1.000 trabajadores y una facturación de 450 millones de euros. Ahora bien, esta directiva llegará de forma gradual, aplicándose ya en 2027 para las compañías con más de 5.000 empleados y una facturación de 1.500 millones. Un año después, en 2028, será el turno de las firmas de 3.000 personas y 900 millones. Y, por último, en 2029 aplicará a las empresas que cumplan el requisito mínimo de trabajadores y facturación. Una de las normativas más relevantes es la que obliga a las empresas a publicar un informe sobre sostenibilidad que analice 12 estándares comunes en materia ambiental, social y de gobernanza. De este modo, desde la Unión Europea se promueve la transparencia y la responsabilidad corporativa.
En este informe, las compañías tendrán que explicar su modelo de negocio y estrategia, los objetivos de sostenibilidad para 2030 y 2050, políticas corporativas y detallar la función de los órganos de administración y dirección. Esta regulación se implementará de forma escalonada. Así, desde enero de este año, las grandes compañías cotizadas con más de 500 trabajadores tienen que entregar sus respectivos informes de sostenibilidad en 2025. A partir del 1 de enero de 2026, será el turno del resto de grandes firmas con más de 250 empleados y un volumen de negocio de 50 millones de euros. Estas presentarán sus primeros informes en 2026. Por último, en enero de 2026, las pequeñas y medianas empresas cotizadas elaborarán sus informes de sostenibilidad para 2027. Las microempresas, o empresas de terceros países con una filial o sucursal en la Unión Europea, tendrán hasta 2028 para elaborar dicho informe.
Todas estas normativas repercuten, de algún modo, en el modelo de negocio de las empresas. "A medida que las empresas perciban cómo los costes de un modelo de negocio o una producción intensiva en carbono aumentan, se verán más incentivadas a transformar su negocio y sus prácticas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y buscar alternativas ecoeficientes que también supongan un ahorro de costes", explica la consultora EY en su tercer informe Sostenibilidad: El Tsunami Regulatorio que viene. Destaca también el reglamento contra la deforestación que entrará en vigor a finales de este año y que establece pautas para garantizar que determinados productos no causen deforestación ni degradación forestal.
En noviembre de este año entrará en vigor el Reglamento Europeo de Bonos Verdes, aprobado a finales del año pasado. Con esta normativa, la Unión Europea quiere armonizar los estándares para verificar los bonos emitidos y establece que hasta un 15% de los beneficios procedentes de estos se invertirán en actividades sostenibles.
Todas se suman a las que ya estaban vigentes y las empresas tendrán que adaptarse. "El mayor reto que tendrán que afrontar las empresas no es lo que llamamos el tsunami regulatorio en sostenibilidad, sino el entorno que dejará cuando pase", explica el socio responsable de Sostenibilidad en EY España. Y agrega que "la nueva regulación no requiere solo nuevos datos o procesos, sino que necesita que las compañías tomen decisiones estratégicas y definan objetivos concretos en el corto, medio y largo plazo en aquellos aspectos de sostenibilidad que sean críticos".
No obstante, hay que considerar que no todas las empresas se adaptan al mismo ritmo, pues las energéticas llevan ya tiempo implementando medidas para reducir gases contaminantes y luchan para controlar el cambio climático. Ante esto, Castilla asegura que "en función del sector, a unas empresas les repercutirá más y a otras menos; a unas les perjudicará más en su capacidad de financiación o de búsqueda de inversión, y a otras en la atractividad de sus productos o en un cambio sustancial de sus productos, servicios o modelos de negocio".
Un camino por recorrer
En materia de sostenibilidad, todavía queda mucho por hacer. Sobre la mesa están pendientes, por ejemplo, la propuesta de la Green Claims Directive —presentada en marzo del año pasado por la Comisión— y la Directiva sobre diligencia en materia de sostenibilidad. La primera busca establecer criterios contra el conocido como greenwashing para tener un mayor control de las prácticas desleales y establecer un principio común contra el blanqueo ecológico.
Esta propuesta afectará a todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores y una cifra de negocio mayor a los 2 millones de euros. "Las empresas deberán cumplir con los criterios mínimos de etiquetas medioambientales establecidos, y deberán sustentar cualquier reclamo publicitario ambiental con evidencias que demuestren la veracidad de dichos reclamos. De esta manera se pretende proteger al consumidor y evitar errores o confusiones", asegura el informe mencionado anteriormente. Una vez que esta propuesta se apruebe, los países de la Unión Europea tendrán dos años para introducir esta directiva en sus legislaciones.
