El cambio climático es un problema global de consecuencias devastadoras si no se toman medidas a tiempo. Con temperaturas récord, el mundo está experimentando olas de calor más prolongadas que derivan en temporadas de incendios forestales. Otro de los grandes problemas es la sequía. Las escasas lluvias están afectando al campo y, por ende, a la economía; aunque también las inundaciones y el aumento del nivel del mar tienen repercusiones negativas.
Cada año el problema se intensifica y el coste de los desastres naturales es mayor. Entre 1980 y 2022, según los datos ofrecidos por la Comisión Europea, los Estados miembro de la Unión Europea han tenido que asumir costes de 650.000 millones de euros para hacer frente a los diversos desastres naturales. Asimismo, a nivel global, en las últimas cuatro décadas, el coste económico por estos eventos se duplicó en cuanto a su impacto en el PIB, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Durante 2020-2021, los desastres naturales representaron alrededor del 0,22% del PIB mundial. Esta cifra contrasta con la de la década de 1980, cuando su impacto máximo era de, aproximadamente, el 0,08%.
Todo apunta a que los costes económicos por desastres naturales seguirán la misma tendencia que hasta ahora. Ya en las décadas de 1990, 2000 y 2010, los costes asociados a estos eventos habían experimentado un aumento, situándose entre el 0,15% y el 0,18% del PIB. "Según publicaciones de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), de aquí a 2050, las pérdidas esperadas en la Unión Europea por eventos catastróficos pueden llegar a duplicar las derivadas entre 1980 y 2020, que se estiman en unos 500.000 millones de euros", alega el socio de regulación financiera y finanzas sostenibles en el Sector Financiero de EY, Mario Delgado.
En 2023, los desastres naturales generaron pérdidas directas de cerca de 230.000 millones de euros. De estos daños económicos, solo 87.000 millones de euros estaban asegurados, es decir, solo un 37,8% de estos eventos estaban cubiertos por compañías de seguros. "Según datos de Munich Re (compañía reaseguradora suiza), las catástrofes del año pasado de mayor impacto destructivo fueron los terremotos de Turquía y Siria de febrero", explica Delgado. Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más eventos de estas características, "solo una cuarta parte de las pérdidas desde la década de los 80 estaban aseguradas, lo que supone un déficit de aseguramiento", apunta el socio de regulación financiera y finanzas sostenibles de EY.
La labor de la aseguradora
Las aseguradoras, más allá de reducir el impacto financiero de los afectados, dan servicio de apoyo de emergencia y realizan labores de estudios y concienciación para ayudar a detectar los riesgos e investigar, así, formas de gestión y prevención. Por ello, es importante "promover una cultura del seguro que evite exposiciones no asumibles a determinados riesgos. La industria, por su parte, va desarrollando nuevas fórmulas de aseguramiento para riesgos novedosos o para nuevas tecnologías que facilitan la transición ecológica", comenta Delgado y agrega que "en el caso de riesgos de alto impacto, es posible recurrir a los reaseguros o la emisión de bonos catastróficos".
Si se pone el foco en España, las aseguradoras depositaron el año pasado unos 850 millones de euros para hacer frente a los daños causados, una cifra mucho mayor que en 2022, según apunta en su último informe la patronal del sector asegurador, Unespa. La lluvia fue la causa por la que más siniestros se registraron el año pasado, y, por ende, las empresas de seguros tuvieron que desembolsar casi 300 millones por este hecho. Le siguió de cerca el viento, la segunda causa que provocó más siniestros y con un gasto de 264 millones. En España, no obstante, también existe el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que cubre los fenómenos "extraordinarios", como, por ejemplo, inundaciones, embates de mar y vientos sostenidos a partir de 120 kilómetros por hora, entre otros. Aunque para beneficiarse de este es necesario contar con un seguro propio.
Minimizar los daños
Los datos recientes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) muestran que entre 1970 y 2021, los fenómenos meteorológicos extremos causaron más de 11.000 desastres, resultando en más de dos millones de muertes y pérdidas económicas de 4,3 billones de dólares. Ahora bien, ¿hay algún modo de prevenir los desastres para minimizar los daños? En palabras de Delgado, "hay dos alternativas para intentar reducir el impacto de estos eventos. El primero es con la construcción de infraestructuras con resiliencia frente a los eventos extremos, y segundo, mejorar la cobertura de los seguros para reducir el déficit de aseguramiento".
Otra alternativa que está sobre la mesa es el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para agilizar la detección de estos eventos y poder comunicárselo a la población de la región afectada con antelación.
Una actuación global
Los Estados también juegan un papel clave y tienen que estipular planes de preparación ante los desastres naturales. "Lo primero es hacer un análisis de cuáles son los riesgos más relevantes para priorizar las acciones. Este tipo de proyectos deben contar con el apoyo de las instituciones y fondos internacionales, además de con la colaboración público-privada a la hora de financiarse", asevera el socio de regulación financiera y finanzas sostenibles de EY.
El compromiso con el medio ambiente es global. Clare Lombardelli, economista jefe de la OCDE, durante la presentación del informe de la organización, confirmó que la amenaza del cambio climático está en aumento y tendrá graves consecuencias económicas globales en los próximos años. También aprovechó la ocasión para señalar la necesidad de que los países miembro creen un mayor margen fiscal para hacer frente a gastos futuros, como los relacionados con el envejecimiento de la población y la factura del cambio climático. Álvaro Pereira, el sucesor de Lombardelli a partir del próximo 1 de junio, aseguró durante el mismo acto que las inversiones necesarias para la transición energética deberán aumentar cuatro veces su actual nivel, alcanzando más de 4 billones de euros anuales para el año 2030.
Los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) firmaron en 2015 el "Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres naturales" y se pusieron como fecha límite 2030, pues va de la mano de los acuerdos de la Agenda 2030. Este plan se centra en adoptar medidas sobre las tres dimensiones del riesgo de desastre —exposición a amenazas, vulnerabilidad y características de las amenazas— para poder reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia.
