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La falta de inversión y la debilidad de la industria marcan las elecciones catalanas

  • La sequía constituye la primera preocupación de los catalanes, según el 'CIS autonómico'
  • Las medidas electoralistas sobre el alquiler y el 'sudoku' de la financiación agitan el debate 
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la nueva fábrica de Chery en Barcelona. EE
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El próximo 12 de mayo, los catalanes elegirán en las urnas al nuevo inquilino del Palau de la Generalitat. La debilidad del Govern presidido por Pere Aragonès (ERC) ha precipitado una convocatoria electoral que llega con demasiados deberes sobre la mesa. La falta de inversiones en infraestructuras, sobre todo las relacionadas con el ciclo del agua, el equilibrio de las finanzas públicas y la reindustrialización marcarán la agenda estrictamente económica de los comicios. Aunque otros asuntos como la transición energética y la regulación de la vivienda también gravitarán sobre la decisión de casi seis millones de votantes.

Hoy por hoy, el cuadro macro de la economía envía señales de optimismo a los electores. El PIB autonómico creció un 2,6% en 2023, una décima más que el conjunto nacional, estimulado por el alivio de la inflación, los buenos datos de empleo y la fuerte recuperación del turismo. Aunque está por ver cómo evolucionará la actividad económica tras el cambio de rumbo de la política monetaria. En esta coyuntura, estos son los principales desafíos que afrontan los ciudadanos y empresas en Cataluña.

Finanzas públicas

Tras el shock del Covid, las Administraciones dispararon su gasto público tanto para atenuar los efectos sociales de la pandemia como para acelerar la recuperación económica. En el caso de la Generalitat, este fenómeno ocurrió de forma notable y, si se ponen luces largas, se comprueba que no se circunscribió únicamente a la crisis sanitaria.

Según un reciente informe de Fedea, Cataluña es la autonomía que más ha elevado en términos porcentuales su gasto no financiero en el periodo 2003-2023. En veinte años, la comunidad ha aumentado esta variable un 49%, mientras que Madrid lo ha hecho solo un 29%. Si se toma el quinquenio que media entre 2019 y 2023, Cataluña ha incrementado su gasto no financiero un 13%, frente al 10% de Madrid. En el gasto corriente, que excluye los intereses y las inversiones, la situación es análoga: Cataluña lidera el crecimiento en los últimos veinte años con un alza del 55% frente al 43% de la media autonómica.

Por otro lado, la comunidad también sobresale por su endeudamiento. En la actualidad, las regiones menos endeudadas en relación con su PIB son Madrid, Canarias y las comunidades forales, mientras que las más apalancadas son Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña. Pese a que la reivindicación se haya eclipsado del debate público, la condonación del 20% de la deuda catalana del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cerca de 15.000 millones de euros, trae causa de la delicada situación del erario autonómico.

La explosión de gasto público y las abultadas obligaciones de la Generalitat son algunos de los motivos esgrimidos para solicitar una revisión a fondo del modelo de financiación. El empresariado ha hecho piña en favor de una reivindicación enterrada por el procés y que ha resurgido con fuerza. Pero el sudoku de la financiación no es fácil de resolver. Aunque los partidos no se opongan de entrada a mejorar el sistema, no hay ningún acuerdo de fondo sobre cómo llevar a cabo esta reforma sin evitar que otras regiones se sientan perjudicadas.

Infraestructuras

En los últimos años, el Govern no ha dejado de quejarse de los incumplimientos del Estado en el capítulo de las infraestructuras. Sin embargo, la Generalitat también ha torpedeado grandes obras públicas como la ampliación del aeropuerto de El Prat. El Ejecutivo autonómico retiró en 2021 su apoyo a un plan pactado con el Gobierno para ensanchar la tercera pista de la infraestructura aérea.

Hay consenso en que existe un déficit inversor en la comunidad. Según un análisis de Foment del Treball, el saldo negativo asciende a 40.000 millones de euros desde 2009. Por déficit se entiende la diferencia entre la inversión óptima, que la patronal cifra en el 2,2% tomando como referencia otras economías de la zona euro similares a Cataluña, y la realmente ejecutada. La aproximación de la organización empresarial toma en consideración las obras sin consumar del Estado pero también de la Generalitat y los ayuntamientos.

En el listado de infraestructuras pendientes se hallan, además de la reclamada ampliación de El Prat, el redimensionamiento de Rodalies, cuyo traspaso se está negociando entre la Generalitat y el Estado; los accesos a los puertos de Barcelona y Tarragona; la ronda norte entre Sabadell y Terrassa, y el desdoblamiento de la N-II en Girona.

Lucha contra la sequía

Aún en el apartado de las infraestructuras, la sequía ha sacado a relucir la insuficiente preparación de los gestores públicos. La ausencia de obras hidráulicas ha dejado inerme a la Generalitat, que ha impuesto restricciones al consumo para compensar las exiguas reservas de los pantanos de las cuencas internas catalanas. Lo cierto es que durante la pasada década la Agencia Catalana del Agua (ACA) apenas acometió actuaciones de mejora debido a su abultadísimo endeudamiento. Esta imprevisión se ha convertido en uno de los dardos favoritos de la oposición. Para defenderse, el Govern ha recordado en alguna ocasión la pésima situación financiera heredada por la empresa pública.

Para conseguir mayor resiliencia hídrica, la Generalitat ampliará la desalinizadora de Blanes y construirá otra en Cubelles. Además, potenciará la tecnología de regeneración, que permite reaprovechar las aguas grises para usos no potables, y dimensionará las potabilizadoras estratégicas. Objetivos ambiciosos que aún no se han dotado presupuestariamente por parte de la ACA, que mantiene en la hucha 400 millones no comprometidos en inversiones.

Según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO), la sequía es la principal preocupación de los catalanes.

Reindustrialización

A pesar de los esfuerzos del consejero de Empresa, Roger Torrent, por reindustrializar Cataluña, lo cierto es que la actividad manufacturera no escapa de los problemas que vive en prácticamente toda Europa: precios altos de la energía y una atonía de la demanda. El Ejecutivo catalán se propuso que la industria representase el 30% del PIB en 2030, pero su peso en la balanza se mantiene alrededor del 20%. Y la tendencia no es al alza, como explicaba esta semana Joan Cavallé, director general de Caixa Enginyers, ante la falta de actividad industrial que financiar: "Hay algún proyecto en sostenibilidad y la ampliación de alguna fábrica, pero en general vemos muy poca cosa".

La Generalitat lanzó a finales de 2022 un nuevo Pacto Nacional por la Industria (PNI), dotado de 3.270 millones de euros hasta 2025, después de que el último plan no cumpliera con las expectativas. Pese a todo, la autonomía se mantiene como motor industrial de España, con el 21,8% de la producción, según el Barómetro Industrial elaborado por el Consejo General de Economistas. El mandato de ERC ha estado marcado por el cierre de la histórica fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y un tortuoso proceso de reindustrialización que ahora se ha puesto en manos de Chery con una inversión publicoprivada de 400 millones.

Por el camino también se ha producido el cambio de propiedad de Celsa. Además, han bajado la persiana fábricas de grupos como Bosch, Danone, Bimbo y Mahle. La otra cara de la moneda la han dado la inversión de Seat para electrificar su planta en Martorell o los 1.200 millones que invertirá la coreana Lotte Energy en Mont-roig (Tarragona).

Inversión extranjera

La inversión extranjera es otra de las armas utilizadas entre las diferentes opciones políticas para atacar o defender la gestión del Govern. Según las cifras de 2023, la Generalitat captó 880 millones de euros, un 42% más y el dato más alto de la serie histórica. Sin embargo, cuando se analiza el gasto total internacional se ve cómo las cifras están lejos de 2016, antes de la fuga de sedes. Esto viene motivado, en parte, porque algunas operaciones en empresas con la sede operativa en Cataluña se computan allí donde está la ubicación social.

Así, Cataluña captó en 2023 hasta 4.643,9 millones de euros, dato que le sirvió para recuperar la segunda plaza en la clasificación por comunidades, perdida frente al País Vasco en 2022. Aunque influida por la mudanza de sedes, en la serie histórica se constata que el territorio pasó de aglutinar el 18% de la inversión hasta 2016 a caer al 11% en la media entre 2017 y 2022. El pasado ejercicio, la recuperación marcó una subida hasta el 16% del total.

Mercado del alquiler

La precampaña ha estado jalonada por las medidas sobre el mercado de alquiler de ERC. El partido de gobierno ha ampliado la lista de municipios declarados como zonas residenciales tensas y ha incluido los arrendamientos de temporada bajo el control de rentas. Estas decisiones llegan tras algunos exámenes preliminares que alertan de los efectos perjudiciales del cepo al alquiler. Según un estudio elaborado por el portal Idealista, el control de precios ya ha disminuido el stock de vivienda en alquiler un 13% en Cataluña.

El debate en Cataluña se divide en dos bandos: el de quienes creen que existe un problema de oferta y el de quienes, por contra, sostienen que hay un problema de demanda. Lo más probable es que ambos tengan razón. Según datos del AMB, el pago del alquiler o la hipoteca constituyó en 2023 más de un tercio del presupuesto familiar en la conurbación barcelonesa. Una losa importante para muchos hogares. Pero al mismo tiempo, la construcción de nueva vivienda se contrajo un 11,6% en Cataluña en el último ejercicio. Este dato de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) se explica por varios motivos, entre los que destaca el intervencionismo del legislador.

Transición energética

Cataluña suspende en transición energética. Bajo la presidencia de Aragonès, la comunidad se ha autoimpuesto el reto de alcanzar un 50% de producción renovable en 2030. Pero las cifras distan mucho de esta aspiración. En 2023, Cataluña solo produjo un 15% de energía con fuentes verdes como la solar y la eólica; la inmensa mayoría procedió de nuclear y ciclos combinados. En el conjunto de España, el porcentaje se elevó al 50%.

Pese que la Generalitat se ha esforzado en agilizar el despliegue de parques renovables, el papeleo administrativo sigue retrasando el tiempo que media desde la presentación del proyecto por parte de los promotores hasta la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y las autorizaciones administrativas. La férrea oposición vecinal tampoco ayuda. Ahí está el ejemplo del parque eólico Galatea promovido por Endesa en el Alt Empordà y que se ha topado con la negativa de La Jonquera.

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