
La madeja del caso Koldo se va desenrollando y los pagos con dinero negro de las comisiones salen a la luz. Un auto emitido por el juez del caso, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso este periódico, destaca una conversación entre Íñigo Rotaeche—que figuraba como administrador de la compañía Soluciones de Gestión—y Juan Carlos Cueto, el 'cerebro' de la trama. De ella se deduce que "habrían pagado una comisión encubierta a Aldama (presidente del Zamora CF) por sus contactos en el Ministerio", dicta el juez.
El juez llega a estas conclusiones tras un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el que se recoge como Rotaeche llega a afirmar que "nadie ha negado que se le pagase una comisión por presentar la oferta ante el Ministerio y las otras". También reconoce que Aldama trabajó y por eso "se ha llevado un 10% de la operación, si no hubiese cobrado un 2 ó 1%".
Pero Rotaeche también se aprovechó de los contratos públicos que recibió Soluciones de Gestión. En concreto, "generó un beneficio económico a Íñigo de 368.517 euros", dicta el auto del juez Moreno. Entre las conversaciones entre Cueto y Aldama hacen referencia igualmente al papel de Israel Pilar Ortiz en los contratos investigados. Israel Pilar es empresario y presidente de la consultora Sortis, que forma parte del conglomerado empresarial de Cueto. Y, según el sumario de la UCO, era "el enlace", "el primer eslabón". En este sentido, es la primera vez que "se hace referencia a 'dinero en B' para referirse a parte del dinero que acabó en poder de Israel por su participación en los contratos", explica la UCO.
Incremento del patrimonio
La UCO no aleja el foco de Koldo García, quien vio aumentado su patrimonio a partir de septiembre de 2020— cinco meses después de que se firmaran los contratos para la venta de mascarillas—y pasó a tener una fortuna de 567.775 euros hasta casi triplicar esta cuantía dos años después. Algo que, según la UCO, "no se corresponde con los ingresos procedentes de sus actividades oficiales". Ante este hecho, el juez pone de en evidencia la "posible existencia de una fuente de financiación en efectivo".
Moreno también apunta al círculo más cercano de Koldo, pues recurrió a su hermano Joseba, su mujer Patricia y a su hija menor de edad, Erika. Les hizo titulares de bienes que adquirió tras las adjudicaciones públicas.
Mientras tanto, Aldama ha intentado llevarse su patrimonio fuera del territorio nacional. Para ello, estaría empleando, según el juez, "un entramado empresarial en el que participarían sus socios Escolano, Tapia, Serrano y Moreno". Hace unos días, en otro auto, el juez señalo que "Aldama ha sabido ocultar su importante actividad económica como consultor e inversor inmobiliario, con negocios de restauración y con actividad comercial nacional e internacional" y destacaba que no había declarado el IRPF desde 2015.