El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado la tramitación de una tasa para gravar a las grandes empresas de reparto a domicilio (la conocida como tasa Amazon) que facturen más de un millón de euros al año por entregas a destinos finales indicados por consumidores en la capital catalana.
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este viernes en rueda de prensa la medida fiscal del Ayuntamiento, junto al concejal de Presupuestos y Presidencia Jordi Martí; a la concejal de Comercio, Mercados, Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín, y al edil de ERC, Jordi Castellana.
El Gobierno de Colau y Collboni quiere llevar la tasa Amazon, que ya cuenta con el apoyo del grupo municipal de ERC, al pleno de diciembre para su aprobación inicial, y de aprobarse de forma definitiva en el pleno de febrero, empezaría a gravar a las grandes operadoras a partir del mes de marzo, informa Europa Press.
Se trata de un gravamen "pionero" en España y también en el contexto europeo porque por primera vez establece un precio al uso especial del espacio público de los operadores postales -que son el sujeto pasivo de la tasa-, que gravará el periodo impositivo de un ejercicio y se autoliquidará en julio del siguiente.
Según el estudio técnico del Ayuntamiento, en Barcelona hay 26 operadoras postales que tendrán que pagar esta tasa y Ballarín ha concretado que las cinco más grandes concentran el 62% del volumen de las operaciones.
El valor del espacio público
La estimación "mínima y a la baja" del Institut d'Economia de Barcelona de la Universitat de Barcelona ha fijado en 2,6 millones de euros el valor económico que tiene el uso especial del dominio público para el conjunto de operadores postales, por lo que el Ayuntamiento ha estipulado que la recaudación del nuevo instrumento fiscal no pueda superar este tope.
El coste de esta estimación de 2,6 millones lo tendrán que abonar los distintos operadores postales de la ciudad -siempre y cuando superen el millón de facturación- de forma proporcional al volumen de negocio que representen en la ciudad: en concreto abonarán el 1,25% de su facturación proveniente de la actividad de reparto.
Quedan fuera de esta tasa los ciudadanos, los repartidores B2B (de empresa a empresa), los operadores postales con una facturación obtenida por entregas en Barcelona inferior al millón de euros, y también las entregas a puntos de recogida, por lo que el consistorio deberá elaborar un registro municipal de estos.
Solidez jurídica
Collboni ha reivindicado la "solidez jurídica" de esta tasa, que tiene que generar un cambio de hábitos y racionalización del comercio electrónico, además de evitar emisiones y la congestión del espacio público que genera esta forma de comercio.
Para la concejal de Comercio y Hacienda, "es de justicia" que esté gravado el uso del dominio público de estas empresas, que hasta ahora lo hacían de forma gratuita y generando externalidades negativas; y desde el punto de vista del comercio, ve justo que también estos paguen igual que lo hace el comercio físico con impuestos como el IBI o la recogida de basura.
También desde el Gobierno municipal, Jordi Martí ha reivindicado la tasa a favor de una tendencia fiscal de ir gravando lo que es más pernicioso -en sus palabras- porque, a su juicio, no es sostenible que furgonetas que pesan una tonelada y media repartan un paquete de 300 gramos: "Este mundo no se lo puede permitir".
Jordi Castellana ha recordado que ERC ha reivindicado esta tasa en distintas ocasiones desde el inicio del mandato -por primera vez, en septiembre de 2019-, y ha celebrado que con ella se da cumplimiento a la ley catalana de comercio de 2017, que establece que los entes locales regulen y tasen estos negocios de reparto a domicilio.
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