Cada año, cerca de un millón de operaciones fraudulentas se llevan a cabo en España utilizando tarjetas de débito o crédito, un fenómeno que ha generado una creciente inquietud tanto en los consumidores como en las entidades bancarias. La mayor parte de estos fraudes, un alarmante 77%, se producen en compras online, mientras que un 20% ocurre en establecimientos físicos. Esta situación evidencia la vulnerabilidad de los usuarios en la gestión de sus datos financieros y la necesidad urgente de aumentar la conciencia sobre la seguridad.
Los métodos que emplean los estafadores son diversos y van desde la duplicación de tarjetas hasta el robo o extravío de las mismas. En muchos casos, los consumidores facilitan el trabajo a los delincuentes al realizar compras en páginas web fraudulentas que imitan a la perfección a las de empresas legítimas. Este tipo de estafas no solo provoca la pérdida del dinero invertido en productos que jamás llegarán, sino que también permite a los creadores de estos sitios obtener información personal valiosa, la cual puede ser utilizada para realizar otros gastos no autorizados.
A pesar de que los bancos tienen la obligación de reembolsar el dinero perdido en caso de fraude, existen importantes excepciones que conviene tener en cuenta. Según la normativa vigente, si un usuario pierde su tarjeta o esta es robada y se utiliza sin su consentimiento, el banco solo se responsabiliza de reembolsar los gastos superiores a 50 euros, hasta que el cliente notifique la incidencia y solicite la cancelación de su tarjeta. Por ejemplo, si antes de notificar la pérdida se realizan gastos por un total de 300 euros, el banco debe devolver 250 euros. En contraste, si la notificación se lleva a cabo antes de que se realice cualquier operación, la entidad está obligada a reintegrar la totalidad del dinero.
Lo que sugiere el Banco de España
En este contexto, la verificación de las transacciones resulta crucial para una mayor seguridad financiera. El Banco de España aconseja a los consumidores asegurarse de que el importe cargado es el correcto, revisando la información presentada en la pantalla del terminal de punto de venta (TPV) antes de confirmar el pago. Además, se recomienda solicitar un recibo al finalizar la transacción, ya que este documento puede ser fundamental en caso de discrepancias.
Con la popularización de métodos de pago modernos, como el contacto sin contacto (contactless) y el uso de dispositivos móviles para realizar pagos, la alerta se hace aún más necesaria. Para compras de menos de 50 euros, no es obligatorio introducir el PIN, lo que incrementa el riesgo de fraude si no se toman las precauciones adecuadas.
En un panorama donde el fraude se vuelve cada vez más sofisticado, la autodefensa digital es una responsabilidad compartida. La educación financiera y la cautela en las transacciones son esenciales para resguardar los recursos personales y evitar caer en las redes de los estafadores. Con la información adecuada, los consumidores pueden enfrentar de manera eficaz los desafíos del mundo digital y, sobre todo, proteger su economía personal.
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