
El juicio contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, para esclarecer el origen de su fortuna comenzará el 12 de diciembre y se extenderá, según la previsión judicial, hasta el 23 de mayo.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha señalado el inicio el 12 de diciembre que, junto con el 15 de diciembre, serán los días de trámite de cuestiones previas. Después, el 9 de enero dará comienzo los interrogatorios de los acusados que se alargarán un mes, hasta el 9 de febrero.
La prueba testifical está prevista para los días 13 de febrero y hasta el 22 de marzo. La prueba testifical-pericial se celebrará entre el 2 y el 5 de abril.
La prueba pericial tendrá lugar entre el 9 de abril y el 26 de abril, mientras que la prueba documental, conclusiones, informes y derecho de última palabra se celebrará entre el 7 y el 23 de mayo de 2024.
Retraso por el Covid y las huelgas
La causa contra Rodrigo Rato estalló en abril de 2015 con su mediática detención en la puerta de su oficina del madrileño barrio Salamanca. No obstante, la pandemia y las huelgas de este año de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios han ido retrasando tanto la instrucción como el inicio del juicio oral.
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, acordó en febrero de 2021 la apertura de juicio oral contra el exministro de Economía, tan solo dos semanas después de que la Audiencia Nacional acordara la libertad provisional para el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por el caso de las tarjetas black.
Serrano-Arnal decidió procesarle, junto a otras 16 personas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y elusión fiscal, delitos por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide 70 años de cárcel.
Según el resultado de la instrucción del caso, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares. A lo largo de la investigación judicial, se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio del expolítico y exbanquero entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,63 millones de euros además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública.
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