El Gobierno ha prorrogado el llamado "escudo social". Se trata de un conjunto de medidas entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda así como la prohibición de cortar los suministros básicos a aquellos consumidores vulnerables más castigados por los efectos económicos de la pandemia sanitaria.
Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) consideran que la aprobación de la prórroga del Decreto Antidesahucios "no soluciona el problema de la vivienda en España, y carga sobre los propietarios la responsabilidad de la Administración de dotar de vivienda pública a los colectivos vulnerables".
Ante esta situación, desde la asociación apelan al Gobierno "a poner en marcha medidas valientes y eficaces que vayan a la raíz del problema: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible", además de generar la seguridad jurídica necesaria para desarrollar el sector.
Por ello, defienden "la necesidad de crear un fondo de ayudas públicas directas con una dotación de 700 millones de euros para reducir el esfuerzo en el pago del alquiler de estos colectivos".
El Decreto Antidesahucios ya fue prorrogado tres meses, hasta el 9 de agosto, y ahora se vuelve a extender hasta el 31 de octubre, lo que "perjudica gravemente a los propietarios y ataca al derecho a la propiedad privada que consagra el artículo 33 de la Constitución", señalan desde Asval en un comunicado.
Más de un millón de pisos
El encarecimiento registrado en el precio de la vivienda en los últimos años no ha ido ligado a un incremento de los salarios equiparable, lo que ha generado un problema de acceso a la vivienda para gran parte de la población. Esto ha puesto en evidencia la necesidad de alquileres asequibles, y según los datos del informe Vivienda asequible en España, elaborado por Atlas RE Analytics y Gesvalt, en nuestro país son necesarias más de un millón de viviendas para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar.
Esta cifra estimada por las consultoras se ha realizado en base al número de de unidades familiares que, en la actualidad, destinan más de un 40% de sus ingresos al pago de un alquiler, cuando la recomendación de los expertos apunta que la línea roja que no debe cruzarse es la del 30%.
