El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para poner en marcha compensaciones a los propietarios de viviendas que no pueden disponer de ellas a raiz del decreto antidesahucios que paralizaba el desalojo tanto de inquilinos con contrato de arrendamiento que no han pagado como de familias vulnerables que ocupaban el inmueble sin título legal.
La suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos se dictaron para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia, pero daba derecho a una compensación a sus dueños si los servicios sociales no han podido encontrar una alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad y cuando se produzca una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
Son indemnizaciones que ya estaban recogidas en el Decreto-ley 37-2020 que estableció las suspensiones de los desahucios y el Decreto aprobado hoy las pone en marcha en la práctica, al establecer las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones dentro de su ámbito territorial.
Según fuentes del Gobierno, con el decreto aprobado este martes se viene «a conjugar la necesidad de atender las situaciones de emergencia social y sanitaria que se han producido en esta pandemia con el respeto a la seguridad jurídica de los propietarios y arrendadores». «Puesto que son las administraciones públicas las que deben sufragar la política social. Por lo tanto, no hay legitimación de la ocupación, hay política social», indicaron.
